Nadie con dos dedos en la frente, puede adueñarse del lujo de negar que las cárceles del pueblo dominicano estén repletas de reclusos, que en su mayoría presentan enfermedades terminales.
Esa gran mayoría no cuentan con recursos económicos para mitigar sus enfermedades y mucho menos familiares y abogados, que puedan levantar posturas ante las autoridades competentes con miras a obtener su libertad.
En los momentos actuales, ex funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, los de mayor importancia en la parte económica que guardan prisión por actos de corrupción, buscan la liberación, alegando enfermedades.
El caso más reciente lo tenemos en la persona del ingeniero Francisco Pagán, quien fue Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de cuya gestión se desprendieron hechos alarmantes en materia de corrupción, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Las Autoridades Judiciales no deben dejarse tumbar el pulso de esos señores, porque de ser así como ellos pretenden, con esa misma vara debieran ser medidos los tantos que no tienen sus fortunas “mal habidas”, las cuales alguna vez deberán retornar a las arcas del Estado.
Esperamos no ser sorprendidos.
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