La interpretación judicial de la Constitución

La interpretación de la Constitución resulta ser mucho más compleja que la interpretación de cualquier Ley ordinaria, de hecho, regularmente una Ley se interpreta de manera más fácil, por tener un contenido –en la mayoría de las veces—claro y preciso; sin embargo, con respecto a la Constitución al ser una norma con un gran contenido de textura abierta, ambigüedades, incluso lagunas, se hace imprescindible—para lograr una aplicación correcta— el uso de métodos y técnicas de interpretación. La interpretación no es más que atribuir un significado a un texto normativo, sobre todo cuando el contenido del texto es dudoso o ambiguo, que se encuentra en una zona de penumbra, a lo que se le llama “casos difíciles” (DWORKIN).

Para esta tarea existe un catálogo de principios que rigen la interpretación constitucional, principios que tanto la doctrina, así como la jurisprudencia los han reconocido como una especie de guías para esta cuestión de la interpretación. Sobre este asunto además, existen polémicas o diferencias en la doctrina, sobre cuales principios son admitidos o no, en esta tarea de la interpretación constitucional.

Uno de los principios que sin duda debe ser admitido como propio en este sentido al momento de la interpretación judicial de la Constitución lo es: El Principio de la unidad de la Constitución, el cual plantea que el texto constitucional no debe interpretarse de manera aislada, sino que por el contrario se trata de un todo, un conjunto de normas y principios en donde un no puede estar disociado del otro, debe ser considerada, tal y como dice el Jurista Eduardo Jorge “un conjunto armónico”.

Por otro lado se encuentra, El Principio de Concordancia Práctica, este principio, regularmente es utilizado por los intérpretes en caso de conflicto entre dos derechos, se basa precisamente en la conexidad o relación entre esos bienes que se quieren proteger, al tratarse de bienes en conflicto, se hace necesario que el intérprete asegure que exista una “concordancia práctica” al momento de optar por una u otra solución, y asegurándose además, de que la solución tomada—la cual debe armonizar entre uno y otro—sea la que menos sacrifique al otro bien protegido. Podemos mencionar además, el Principio de la Constitución como un orden de valores, desde el punto de vista de la unidad de la Constitución como lógica-teleológica, concibiendo la Constitución como una norma preñada o cargada de principios y valores.

Existen, como decíamos al inicio, un catálogo de principios al momento de interpretar, pero solo vamos a hacer alusión de aquellos que entendemos son los imprescindibles al momento de interpretar la Constitución, iniciando con: El Principio de Corrección Funcional, este principio—incluso— representa un límite para el intérprete, en razón de que el mismo plantea, que al momento de realizar la interpretación, el intérprete no puede apartarse del marco de atribución con respecto a las funciones que la misma Constitución establece. En este sentido, si bien es cierto que debe primar la supremacía de la Constitución en estos casos, igual de cierto es, que sobre todo en materia de derechos fundamentales, las normas internacionales priman con relación al derecho interno.

Por otro lado, es importante mencionar, que regularmente en el texto constitucional, existen lagunas o vacíos, las cuales suelen llamarse: ausencias históricas y axiológicas,

en la primera, no existe la norma, en la segunda, si existe, pero para el caso en cuestión resulta inaplicable. Y es precisamente en este escenario que el Juez o Intérprete, al darse cuenta de la existencia de estos vacíos tiene la obligación de llenarlos. ¿cómo puede llenarse esta laguna? Precisamente con una labor de integración por parte de los jueces, la cual deberá ser eficaz para el caso en concreto, la integración resulta ser un proceso de “creación”, de “búsqueda”, se hace necesaria la creación de la norma, la búsqueda de la solución apropiada. Por supuesto que estos vacíos no pueden llenarse haciendo uso de métodos inapropiados, restrictivos de los bienes protegidos, el intérprete no puede bajo ninguna circunstancia ser caprichoso, ni mucho menos arbitrario.

Ahora bien, al momento de la integración, suelen emplearse lo que se llama “límites” o topes con respecto al interprete, los cuales deberá respetar, como por ejemplo, se le impone como condición, que utilice los siguientes procedimientos adecuados para tales fines: la autointegración y la heterointegración, en el primero, para cegar la laguna, el intérprete utiliza las normas que se encuentran vigentes en el sistema u ordenamiento constitucional; estos casos suelen presentarse, cuando por ejemplo, existe otra solución que es conexa o parecida al caso en cuestión, y que por tanto puede válidamente ser utilizada para ese caso en particular; mientras que en el segundo, aquí, obligatoriamente, como no existe la norma en el derecho interno—el intérprete deberá encontrar la solución yéndose al derecho internacional. Hay que recordar que es el juez especializado constitucionalmente, el que tiene la facultad de interpretar la constitución, independientemente de lo expresado debe existir una “sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución”—sobre lo cual estamos de acuerdo, pero con ciertas reservas—, lo que significa que el Poder Judicial tiene tal facultad cuando ejerce el control de constitucionalidad, tanto difuso como concentrado, siendo el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución, sus decisiones son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes, con respecto a todos los órganos, incluso frente al Poder Judicial .

La autora es abogada y profesora universitaria.