La función pública es la actividad que realiza el Estado, la administración pública y sus funcionarios. Hoy, en la Era de la Información, para propiciar el desarrollo sostenible de la República Dominicana, esta se enfrenta a grandes desafíos, entre ellos, transformar la administración pública; la mentalidad de sus servidores y crear nuevos perfiles de cargos, amparados en valores.
Es decir, que la persona trabajadora o servidora pública de este siglo XXI, Era de la Información, de la Informática, además de poseer capacidades básicas para el cargo que ocupa; de accionar principios y valores de la administración pública, y ser honesta, también, debe ser responsable y tener compromiso social. Tal como recomienda el experto en Administración y Políticas Públicas, Gregorio Montero.
Lo que hace el personal público desde su escritorio cada día, debe estar conectado a la felicidad de las personas usuarias; debe hacer felices a quienes acuden en busca de servicios. Es decir, hay que hacer hincapié en velar por el bienestar colectivo, porque todas y todos vivamos bien. Como también nos exhorta, el citado y acreditado abogado, pasado secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
El compromiso social, es la responsabilidad que desarrollamos para el socorro de nuestra comunidad. Decía el gran filósofo José Ortega y Gasset, que solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Pero, si todos prefieren gozar del fruto, la civilización se hunde.
No basta con llegar temprano cada día a nuestros lugares de trabajo y realizar las tareas diarias. Hay que accionar con calidez, calidad, oportunidad, sensibilidad y amor. Es necesario poseer motivación, capacidad para transformar y servir u ofrecer servicios desde la humanización. Estos valores universales nos llevan a la felicidad laboral y al bienestar colectivo.
El compromiso social, que tiene que exhibir la persona servidora pública, busca obtener el bien común. Por eso, los perfiles de puestos deben adecuarse para que la persona trabajadora entienda la realidad que se está viviendo. Para que pueda hacer aportes a la eliminación de las desigualdades, de la pobreza y de la corrupción administrativa. Al tiempo de, fomentar la creación de políticas de inclusión social que guíen hacia la democracia plena.
La Constitución del año 2010, instituye a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, eso también implica, que es responsabilidad de la persona trabajadora o de los servidores públicos, propiciar fortalecimiento mediante sus competencias y perfiles, para que la administración pública sea cada día más ágil y pertinente. Más garantista de derechos.
Esto solo se logra con la activa participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. Como nos expresa el especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, Máximo Calzado Reyes. Además, es como bien dijo el escritor Jean-Paul Sartre, “El compromiso es un acto, no una palabra”.
Accionemos bajo el amparo de las normas de profesionalización de la función pública; las competencias y el correcto comportamiento para gestionar en la administración pública. Pero, visibilicemos los derechos de las personas y su relación con la administración y los procedimientos administrativos. Transformemos nuestro comportamiento diario en garantías, ese es nuestro aporte.
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