Magister en Derecho Laboral y Administrativo. Co-autor del Código del Trabajo Concordado (Compendio Legislativo Laboral de la República Dominicana). Profesor de Derecho Laboral II y Derecho de la Seguridad Social por la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y en la actualidad desempeña el Cargo de Representante Local del Ministerio de Trabajo para la Provincia Duarte.
La práctica de la liquidación anual ha encontrado su fundamento en el sentido que no existe ninguna norma jurídica que la prohíba. Pero por otro lado existe el argumento de que esta práctica deviene en ilegal porque al trabajador se le pagan derechos disminuidos irrenunciables y pierde beneficios por antigüedad en el servicio los cuales están consagrados por ley. Estos derechos a los cuales hacemos referencia son: las vacaciones, la participación en los beneficios o utilidades de la empresa al cierre del año fiscal o comercial, siempre y cuando la empresa los haya obtenido; y el mismo auxilio de cesantía.
En torno a este aspecto, suscribimos la posición de la Suprema Corte de Justicia, nuestro más alto tribunal, en sentencia del 26 de marzo 2003 / B. J. 1108, Pág. 836-842, dejó sentado el criterio siguiente: Recurso de casación rechazado. Desahucio no existe si el trabajador permanece trabajando, aun cuando se le hubiere otorgado y pagado una suma de dinero. Es criterio sostenido de la Corte de Casación, que el pago de una suma de dinero a título de auxilio de cesantía, aun cuando tuviere precedida de un preaviso, no es una demostración de que el contrato de trabajo concluyó, si real y efectivamente el trabajador se mantiene laborando en la empresa y el recibo de dicha suma de dinero es producto de la llamada “liquidación anual”, que por razones operacionales o de conveniencia financiera, han instituido algunas empresas del país, la que no pueden ser utilizada en desmedro de los derechos de los trabajadores, con la simulación de desahucios inexistentes. No obstante, los valores así recibidos tienen un carácter de anticipo de las indemnizaciones laborales, que solo puede ser deducidos del pago que corresponda al trabajador que con posterioridad es objeto de un desahucio real por parte de su empleador, o cuando el contrato de trabajo termine por cualquiera otra causa con responsabilidad para el empleador. Si bien la sentencia impugnada incurría en error de estimar que el contrato de trabajo del demandante concluyó en varias ocasiones,” como consecuencia de la práctica de liquidación anual”, sin detenerse a examinar, si real y efectivamente el trabajador cesó en la prestación de sus servicios en las ocasiones que recibía esos pagos, elemento imprescindible para la existencia de un desahucio, ese vicio no determina la casación de la sentencia impugnada, en vista de que la solución que da al asunto es la correcta, al considerar que el demandante después de la terminación del contrato de trabajo, cuando ya estaba liberado de la subordinación a que lo sometía la condición de trabajador de la recurrente, otorgó recibo de descargo a esta última , declarando no tener ninguna reclamación pendiente de hacer como consecuencia del contrato de trabajo y su terminación, razón por la cual el medio que se examina crece de fundamento y debe ser desestimado. De la sentencia anteriormente citada se puede extraer: El ejercicio del desahucio debe poner fin al contrato de trabajo como a la relación laboral. El ejercicio del desahucio contra el trabajador que continua prestando servicios en la empresa es simulado, aparente y en consecuencia inexistente. Las sumas percibidas por el trabajador tienen un carácter de anticipo de las indemnizaciones laborales si el empleador ejerce con posterioridad un desahucio real o el contrato termina con responsabilidad para el empleador.
La Suprema Corte de Justicia, debió ser más explicita en este último aspecto relativo a los anticipos de prestaciones laborales. En efecto, de la sentencia comentada se desprende que los valores recibidos por el trabajador a título de anticipo conservarán esa naturaleza solo cuando el contrato de trabajo termine con posterioridad para el empleador por desahucio, despido injustificado o dimisión justificad. La sentencia guarda silencio sobre el destino de las sumas así percibidas por concepto de anticipos cuando el contrato termine con posterioridad con responsabilidad para el trabajador. Surge la pregunta siguiente: ¿podría el empleador solicitar al trabajador la devolución de los valores entregados a modo de anticipo? Creemos que extender la simulación a los pagos realizados considerándolos como una liberalidad constituye otra simulación, encubridora de un enriquecimiento ilícito.
Los aspectos socio-económicos de la liquidación anual debemos enfocarlos desde dos puntos de vista: desde el punto de vista del empleador y desde el punto de vista del trabajador. Desde el punto de vista del empleador, encuentra su razón de ser por cuestiones operacionales o de conveniencia financiera, tal como lo expresa la sentencia antes mencionada. Entre estas se señala que el empleador paga las prestaciones laborales en monto y proporción inferior si permitiera que el contrato perdurara en el tiempo. El empleador con el objeto de ampliar su disposición sobre el trabajo de sus subordinados, entre otros, factores eroga fondos anualmente, no necesariamente obligatorios, pero que atenúan la carga económica por terminación del contrato de trabajo. Desde el punto de vista del trabajador, la liquidación anual le ofrece la ventaja de que mediante esta práctica va recibiendo años tras años prestaciones laborales que constituyen prestaciones de derecho, que se concretizan en pagos reales y efectivos que eventualmente podrían perder si el contrato de trabajo termina por falta grave del trabajador. También la liquidación anual tiene la ventaja que durante el periodo navideño estará recibiendo una suma adicional, generalmente superior a sus salario ordinario.
En los últimos meses se ha gestado en las bases del sector empresarial, un movimiento que propugna por la eliminación del pago de prestaciones laborales o su sustitución por un fondo o seguro de cesantía agregado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del Sistema Dominicano de Seguridad Social o mediante la creación de un seguro de desempleo. Los empleadores fundamentan su petición en el que el mantenimiento del pago de prestaciones laborales aumenta las cargas económicas de las empresas y los penaliza con una especie de “doble cotización”.
Una solución podría ser poniendo en funcionamiento lo expuesto en el Código de Trabajo Dominicano en sus artículos 465 y 466 los cuales plantean: Se crea una garantía que abonará a los trabajadores el importe de los salarios correspondientes a cuatro meses como máximo, que estén pendientes de pago en los casos de insolvencia del empleador. Igualmente abonará todas las indemnizaciones reconocidas judicialmente o por laudo arbitral en favor de los trabajadores por causa de terminación del contrato de trabajo, con un límite máximo de un año de salario. La garantía será una fianza que contratará el empleador con una compañía de seguros y cuyos datos éste comunicará a la Secretaría de Estado de Trabajo en el informe de entrada de cada trabajador y que deberá constar en el cartel de horario. Esta fianza estará exenta de impuestos, tasas y contribuciones, y tendrá una vigencia de un año, renovable anualmente por anticipado. Artículo 738.- La reglamentación de la garantía establecida en los artículos 465 y 466 será fijada en forma tripartita y consensual entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
Podemos concluir, afirmando que la práctica de la liquidación anual en nuestro país es una realidad de hecho que ha sido tratada sin la responsabilidad que ella merece. Esta práctica ha demostrados que más eficiente y diestros en el planteamiento de disputas y controversias que en la búsquedas de soluciones a asuntos legales. La liquidación anual encuentra su base o sustentación legal en la misma naturaleza del desahucio, como un derecho discrecional que pueden ejercer empleadores y trabajadores en cualquier momento y sin alegar causa.
No existe ninguna ley, decreto, reglamento o resolución que la prohíba de manera expresa.
Podemos considerar que la práctica de la liquidación es un arma de doble filo, por un la su ejercicio puede devenir en la disminución de derechos de los trabajadores, pero por otra parte se le consagran derechos a los trabajadores que por ciertos hechos graves imputables a ellos la pueden perder cuando opera un despido justificado.
Finalmente entre las soluciones posibles a esta práctica está la de poner en ejecución y funcionamiento el fondo de garantía de los créditos laborales instituido por los artículo 465, 466 y 738 del Código de Trabajo de la República Dominicana.
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