Es alarmante, indignante y vergonzoso, observar que siendo la República Dominicana un país con tanta pobreza, con tantas necesidades prioritarias, que en todos los gobiernos se utilicen ciertos subterfugios de corrupción para continuar malversando, distrayendo y desviando miles de millones de pesos, que son de todos los dominicanos, a través de las construcciones y pagos de obras sobrevaluadas, no planificadas, ni concluidas; actos de colusión en las compras de bienes y servicios para favorecer a allegados al partido de gobierno, entre otras, como si esto fuera una acción normal, sin que nada ocurra ni se aplique un régimen de consecuencia a los responsables.
Esta indiferencia e insensibilidad de los mandatarios de turno constituye un acto de permisividad e impunidad que raya en lo absurdo. Lo peor de todo es que a escasos meses para la celebración de un certamen electoral, ninguno de los candidatos a la presidencia de la República por los diferentes partidos, se haya pronunciado sobre este tema tan crucial para la nación.
Este es un país en vía de desarrollo, con una gran deuda social acumulada, con graves problemas básicos por resolver como: salud, agua potable, electricidad, educación, empleos, seguridad social y ciudadana, medio ambiente, viviendas, etc. con una deuda externa que sobrepasa el 60% de su Producto Interno Bruto (PIB), ascendente a más de 60 mil millones de dólares, la cual va creciendo, fruto de la voracidad de esta administración para tomar préstamos.
Tanto en las pasadas administraciones como en la actual se continúan tirando por la borda los recursos públicos sin ningún pudor, sin que se apliquen las acciones penales correspondientes. Sobre lo anteriormente señalado podemos citar el siguiente caso: en la sección La Penda, La Vega, se construyó un peaje hace varios años, sin planificación, ascendente a más de trescientos millones de pesos. El mismo causó varios accidentes de tránsito, con un saldo de varias muertes; al final hubo que demolerlo. No hubo ningún tipo de sanción.
Otros ejemplos de que seguimos siendo más de lo mismo, lo constituye la compra realizada por el Ministerio de Educación de la presente gestión gubernamental de grandes cantidades de libros, zapatos, mochilas, uniformes, computadoras y tabletas por más de tres mil millones de pesos, los cuales no se utilizaron y se echaron a perder, lo que constituye una total aberración. Tampoco se aplicó una responsabilidad penal. Ahora tenemos el escándalo de los semáforos del INTRANT, por más de 1,317 millones de pesos. Todo parece indicar que también correrá la misma suerte.
A todo esto tenemos que añadirle el fraude colosal sin precedente, el escándalo de corrupción más grande ocurrido en la historia del país, que aunque es del sector privado, sacudió y generó una gran inestabilidad al sistema financiero dominicano, y que hoy, a más de quince años de ocurrido, lo estamos pagando con creces todos los dominicanos: la quiebra del BANINTER, por un monto superior a los 75 mil millones de pesos.
En países donde impere la dictadura de la ley y se condene la corrupción administrativa, serían muchos los funcionarios públicos condenados a la pena capital por distraer, malversar y apoderarse de los recursos públicos para su beneficio, mientras existen tantas personas vulnerables que mueren cada día por falta de un medicamento para su salud, lo que constituye un sacrilegio, un crimen de lesa patria. No es con licencias ni destituyendo a los funcionarios responsables que se debe enfrentar el peculado.
Nuestra sociedad tiene que empoderarse urgentemente contra este flagelo. ¡Basta ya de tanta impunidad y permisividad con los que malversan y desfalcan los recursos públicos de todos los dominicanos! ¡Que se aplique un régimen de consecuencia drástica a los responsables!
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex Diputado al Congreso Nacional y
Miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016
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