El señor Presidente de la República Luis Abinader Corona, sus funcionarios y legisladores electos; empresarios beneficiados desde el gobierno, así como comunicadores a sueldos y comprometidos, están criticando acérrimamente a los partidos de oposición, a sus líderes y a todos los que no se han sumado al coro de voces que apoya alegremente una reforma constitucional y fiscal, que hasta ahora nadie, ni siquiera ellos mismos la conocen, ya que no se ha dado a conocer el borrador que será sometido para su discusión y aprobación.
Muchas de estas críticas impenitentes son hechas por “boca de ganso”, esto es, sin el más mínimo conocimiento de lo que significará esta reforma fiscal para el pais, para la clase media y para los sectores de bajos ingresos.
Con esta actitud contribuyen a cavar su propia fosa, pues, por puro fanatismo e intereses particulares, no alcanzan advertir que esta puede generar grandes tensiones y un clima de inestabilidad política, económica y social al país.
Es cierto que la reforma fiscal no puede ser postergada por más tiempo, que debe ser sometida y discutida cuanto antes en el Congreso Nacional, ya que así lo contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), mediante la Ley 1-12, pero ojo, esta no debe ser festinada, vapuleada y cualquierizada, por el simple hecho de que el partido de gobierno (PRM) cuenta con una mayoría calificada. Su discusión debe tomarse el tiempo necesario, no puede ser excluyente, pues hay que escuchar a todos los entes y sectores de la sociedad y actuar con prudencia al momento de aprobarla, evitando que los de bajos ingresos sigan siendo, como siempre, los más afectados; que los de mayores ingresos, sean los que más contribuyan con el fisco.
Esta debe procurar corregir todas las distorsiones e irregularidades existentes en nuestro sistema tributario; desmontar y disminuir los privilegios, incentivos, subsidios y exenciones a sectores económicos poderosos que resultan irritantes, que ya no proceden, así como aquellos impuestos que resultan lesivos para los sectores más vulnerables. Esta no tendría sentido, si no es para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano, no para continuar favoreciendo a los sectores poderosos.
Por otra parte, estamos conscientes, y así lo hemos expresado en artículos anteriores, que es necesario propiciar y aplicar una verdadera reingeniería al Estado dominicano, una reforma en la que se disuelvan o fusionen todas aquellas instituciones que no rinden ninguna labor, que son parasitarias, que solo promueven el clientelismo político o realizan las mismas labores de otras; así se fortalecen aquellas que sí lo hacen, logrando el fortalecimiento institucional que el país requiere. Pero para realizar estas transformaciones no es necesario modificar la Constitución de la República, algo muy sagrado. Esta reforma se puede realizar modificando, única y exclusivamente, las leyes que crean dichas instituciones.
La Constitución de la República, por intereses particulares y políticos, desde la proclamación de la República en el año 1844, ha sido modificada unas 39 veces. Consideramos que la misma ya cuenta con los candados suficientes para evitar una reelección presidencial más allá de lo establecido.
Si se quiere forzar otra reforma, aprovechando una mayoría legislativa, no hay necesidad de que ambas (constitucional y fiscal) se sometan simultáneamente. Esta puede esperar, pero considero como obligatorio informar previamente al país, cuáles son los artículos que se quieren modificar y las razones que existen para ello.
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