Santo Domingo. –El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sugirió el domingo 22 de diciembre un diálogo que involucre a varios actores del Estado para buscar una salida al congestionamiento de las cárceles y resolver la situación de más de 16,000 reclusos preventivos.
Ulloa propuso que ese diálogo, empezando el próximo año 2025, implique al Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el órgano que dirige, para que cada uno aporte en procura de enfrentar el drama carcelario.
Dijo que un actor principal debe ser el Ministerio Público, el que debería aportar para que los fiscales no hagan un uso excesivo del recurso de la prisión preventiva como medida de coerción, al entender que ahí está el origen del problema.
Señaló que los fiscales se quejan de que carecen de garantías de que los imputados se presentarán a las audiencias, razón por la cual prefieren solicitar reclusión.
El defensor entiende que ese escollo se puede salvar con la colocación de grilletes electrónicos, los cuales pueden ser producidos por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) a un costo mucho menor que los adquiridos en el mercado, lo que eliminaría el alegato de precio.
Entrevistado por el periodista Nelson Encarnación en el programa GEOPOLÍTICA, por Teleimpacto, Ulloa indicó que los jueces de Ejecución de la Pena pueden hacer su aporte revisando los casos de esa población preventiva, entre la cual hay privados de libertad con enfermedades graves y muchos que han sobrepasado el tiempo que conllevaría una condena.
Dijo que en sus frecuentes visitas a los centros de reclusión ha observado múltiples violaciones de derechos, lo que le ha motivado a sugerir decisiones urgentes para corregir esa situación.
Precisó que en el país se debe tener conciencia de que la seguridad ciudadana no puede ser efectiva mientras las cárceles sean centros operativos de los delincuentes.
“En las cárceles hay estructuras delictivas que no solo controlan esos recintos, sino que también controlan a la sociedad del exterior, organizando acciones de delincuencia que son dirigidas desde las prisiones”, recalcó.
Expuso su preocupación de que si no se toman medidas efectivas, las cárceles pueden convertirse en lo que ocurre con las prisiones de países como Ecuador, Perú y Guatemala, donde los delincuentes tienen el control de los recintos.
En otra parte de la entrevista, Ulloa llamó al pueblo a conocer los ámbitos de acción del Defensor del Pueblo, y alabó que de un porcentaje de menos del 40% que conocía al menos un derecho, a la fecha esa cifra anda por encima del 70%.
Dijo que el bajo reconocimiento se entiende en que era un órgano nuevo, pero aseguró que la implementación de “La ruta del Defensor” ha cambiado la situación, al haber realizado actividades en las 31 provincias y el Distrito Nacional.
Anunció que, para ampliar esa labor de posicionamiento público, el próximo año se propone llevar a cabo ese mismo programa en todos los municipios a nivel nacional.
Ulloa también habló del caso de las embarazadas haitianas que desbordan los hospitales públicos dominicanos, sobre lo cual sostuvo que si bien esas mujeres deben ser atendidas en los centros de salud, las autoridades tienen que enfrentar el problema en el origen.
Indicó que esas extranjeras llegan a los hospitales porque son traídas mediante mecanismos de corrupción que comienzan en la misma frontera.
Resaltó que para llegar a la República Dominicana, las embarazadas deben cruzar unos 18 puntos de chequeos, además de los que existen en el lado haitiano, lo que indica que el movimiento sólo es posible mediante el pago de soborno.
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