Recientemente fueron juzgadas y condenadas a penas mínimas, unas 13 personas implicadas en un entramado que operaba desde hacía muchos años en la Procuraduría General de la República (PGR), entre los que formaban parte, el fiscalizador del Distrito Nacional, Luis Peña Cedeño, quienes se dedicaban a eliminar, borrar y alterar los registros de los antecedentes penales, beneficiando a cientos de criminales, narcotraficantes y violadores a cambio de grandes sobornos. Dicho entramado criminal fue desmantelado por medio de la Operación Gavilán.
Con este accionar queda demostrada la vulnerabilidad y el poco control que se tiene en la base de datos y en la infraestructura tecnológica de la PGR, del Ministerio Público y de todo el Sistema Judicial dominicano, por el fácil acceso que se tiene a las informaciones judiciales confidenciales.
Este entramado criminal constituyó, no solo una amenaza y una violación a la Seguridad Jurídica y al Sistema de Justicia Penal del país, sino, que permitió la evasión ante las autoridades de personas que se encontraban con procesos penales en los tribunales
El propio Ministerio Público en su acusación contra esta estructura criminal, denunció que la misma se dedicaba a borrar, eliminar y alterar los antecedentes penales para favorecer a sicarios, narcotraficantes, a violadores sexuales, a imputados de violencia de género, adulteración de alcohol, actos de corrupción, secuestros, lavado de activos, entre otras violaciones.
Con estas acciones criminales, beneficiaron a miles de personas, incluyendo algunas que estaban cumpliendo hasta 30 años de prisión, para que aparecieran sin antecedentes penales en los registros de la PGR. Dichas acusaciones fueron aceptadas por los imputados.
Estas violaciones constituyen un crimen de lesa patria, que debe ser castigado con penas máximas, pues han sido muchas las personas, incluyendo al propio Estado dominicano, que han resultado gravemente afectadas por sus actos delincuenciales y con sus flagrantes delitos.
Estas son de las razones que explican a una gran parte de la ciudadanía, cuando esta se pregunta, por qué tantos delincuentes, criminales, narcotraficantes, lavadores de activos y violadores, con pruebas contundentes en su contra, son puestas en libertad con tantas facilidades.
A pesar de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideró como ejemplar esta condena, dado la gravedad de los daños causados al Sistema Judicial, al Estado dominicano y a tantas personas afectadas, consideramos que la misma ha sido muy benigna, simple y benévola.
La consideramos así porque al cabecilla de dicha red, lo condenaron a diez años de prisión, a varios salarios mínimos e inhabilitado a penas por cinco años para volver a ejercer una función pública, lo que constituye un adefecio, pues perteneciendo al Sistema Judicial y siendo responsable de perseguir a los que delinquen, este señor se dedicó a cometer junto a los demás miembros del entramado, a favorecer a miles de delincuentes a cambio de grandes sobornos.
Consideramos que los daños cometidos por este señor y por los demás miembros de esa red criminal, debieron ser considerados como una traición a la Patria; este debió ser inhabilitado de por vida para volver a ocupar una función pública y condenado a una pena máxima de 30 años, lo mismo con los que fueron condenados a prisión domiciliaria. En países con regímenes autoritarios, serian condenados a la pena capital.
Recomendamos fortalecer el sistema de seguridad de la base de datos de la PGR y del Ministerio Público para evitar la vulnerabilidad de las informaciones judiciales existentes en la actualidad en el sistema tecnológico, instalando un sistema de alerta y de Ciberseguridad; además, bloquear las llamadas desde los recintos carcelarios, eliminando dichos privilegios; también se debe continuar con la investigación para dar con el paradero de los que lograron evadir y burlar a las autoridades, para que de nuevo sean sometidos a la acción de la justicia. Que así sea.
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