Las amenazas imperialistas contra México, Cuba, Venezuela y Nicaragua han configurado un escenario geopolítico de creciente tensión en América Latina y el Caribe. No obstante, es en el caso venezolano donde estas presiones adquieren dimensiones especialmente profundas.
La administración de Donald Trump articuló una agresiva retórica contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, acompañada de una estrategia sistemática de guerra psicológica y de “máxima presión” destinada a desestabilizar política y económicamente al Estado venezolano.
En este contexto, resuena con particular pertinencia la advertencia de un gran amigo: “Ojalá no comprometan al país en una aventura bélica de impredecibles consecuencias”.
Esta reflexión se vuelve aún más urgente ante el papel que se le intenta asignar a la República Dominicana en el marco de la reconfiguración geopolítica impulsada desde Washington.
La República Dominicana no debe caer en el juego geoestratégico del trumpismo, ni convertirse en una nación pivote que sirva de plataforma militar para agredir a países hermanos en América Latina y el Caribe.
La posible instrumentalización de nuestro territorio como base para operaciones militares externas no solo compromete la soberanía nacional, sino que también nos coloca en el epicentro de conflictos que contradicen los principios fundamentales del Derecho Internacional Público: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.
La situación adquiere mayor gravedad a propósito de la visita oficial del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Este tipo de encuentros, lejos de ser inocentes, suelen formar parte de agendas de seguridad hemisférica orientadas a consolidar la presencia militar estadounidense en el Caribe, con fines que no necesariamente coinciden con los intereses dominicanos.
Como experto en Derecho y Relaciones Internacionales, advierto con preocupación que el gobierno del presidente Luis Abinader se hace cómplice de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por Estados Unidos en aguas y territorios del Caribe. La excusa recurrente, a lucha contra el narcotráfico y la neutralización de “narcolanchas”, no justifica, bajo ninguna circunstancia, el uso ilegítimo de la fuerza ni la violación de las normas internacionales de derechos humanos. Tales operaciones vulneran principios esenciales como la proporcionalidad, la jurisdicción estatal y la protección de la vida, pilares del orden jurídico internacional.
Como dominicano, condenó enérgicamente que el presidente Abinader permita que la geografía de nuestro país sea utilizada para facilitar agresiones militares contra otros Estados de la región. La República Dominicana no puede prestarse para reproducir esquemas de intervención que históricamente han servido para dividir, someter y desestabilizar a los pueblos latinoamericanos.
Hoy, más que nunca, cobra vida la consigna levantada por el pueblo dominicano durante la gesta patriótica de abril de 1965: “Yankee go home” o “Yanqui saca tus manos de Latinoamérica y el Caribe”. Esta frase, lejos de ser un vestigio del pasado, expresa un sentimiento vigente de defensa de la soberanía, la dignidad nacional y el derecho inalienable de los pueblos a vivir sin injerencias externas.
La República Dominicana tiene el deber histórico y moral de sostener una política exterior independiente, firme y respetuosa de la paz regional. Convertirse en cómplices de operaciones militares extranjeras no solo erosiona nuestra soberanía, sino que también pone en riesgo la estabilidad del continente y nos arrastra a conflictos que no nos pertenecen.
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