La sociedad dominicana arrastra problemas profundos que no son coyunturales, sino históricos y culturales. Entre los más graves destacan la deficiente educación cívica y académica y el desprecio sistemático por el orden constitucional y el Estado de derecho.
La falta de educación no se limita a la precariedad del sistema escolar; incluye la ausencia de formación ética, ciudadana y crítica, lo que impide comprender la importancia de las normas, las instituciones y la vida en común. Una sociedad que no entiende sus derechos tampoco entiende sus deberes, y termina normalizando el irrespeto, la informalidad y la improvisación.
A esto se suma que nadie quiere cumplir las normas constitucionales ni las leyes, empezando muchas veces por quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir. La Constitución se invoca en el discurso político, pero se viola en la práctica cotidiana. Las leyes se aplican de forma selectiva, lo que genera una cultura de impunidad, donde el más fuerte, el más influyente o el mejor conectado siempre encuentra la manera de evadir responsabilidades.
Esta combinación de mala educación y desprecio por la legalidad, produce un círculo vicioso: ciudadanos desinformados toleran autoridades abusivas, y autoridades abusivas perpetúan un sistema que no educa ni sanciona. El resultado es una democracia formal, pero débil en lo institucional y frágil en lo moral.
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