La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dio seguimiento al caso de fumigaciones con pesticidas realizadas en las inmediaciones del Centro Educativo Emilio Prud’Homme, en la comunidad de Bandera, Cenoví, y formalizó su sometimiento a la justicia contra los propietarios o responsables de las fincas involucradas.
La acción judicial se produce luego de que dos maestras resultaran intoxicadas, una de ellas permaneciendo ingresada en un centro de salud, tras la aplicación de químicos agrícolas cerca del plantel, durante el horario regular de clases y sin las debidas medidas de prevención.
El sometimiento fue interpuesto ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, al considerar que las fumigaciones se realizaron de manera ilegal, incumpliendo las normativas vigentes para la aplicación de plaguicidas en zonas cercanas a centros educativos.
Dos detenidos y uso de dron
Este proceso se suma a la detención el lunes 19 de enero de Germán Rosario Reyes, propietario de la parcela agrícola, y Wilmer Henríquez Fernández, operador del dispositivo aéreo, luego de que las autoridades sorprendieran la aplicación de pesticidas mediante un dron, también en las inmediaciones del referido centro educativo, lo que generó alarma en la comunidad por el riesgo para estudiantes, docentes y residentes.
Diagnóstico médico y violación de normas
De acuerdo con la información ofrecida por la ADP, las maestras afectadas fueron diagnosticadas con bronquitis y neumonitis por inhalación de gases y sustancias químicas, además de crisis de broncoespasmo e intoxicación, requiriendo atención médica especializada.
La querella cita violaciones a la Resolución No. RES-MARD-2023-38 del Ministerio de Agricultura, que regula estrictamente la aplicación terrestre de plaguicidas, especialmente en zonas cercanas a escuelas, estableciendo restricciones de horarios, notificación previa y medidas obligatorias de protección a la salud humana.
El gremio magisterial sostuvo que estas acciones constituyen una violación directa al ordenamiento jurídico dominicano, así como a derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la salud, a la integridad personal y a un medio ambiente sano, al tiempo que reiteró su compromiso de dar seguimiento al proceso hasta que se establezcan responsabilidades.
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