Santo Domingo. – El exprocurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, aseguró que la creación del Ministerio de Justicia no resolverá los problemas del sistema judicial dominicano y afirmó que la verdadera crisis radica en la aplicación de la ley y en la forma en que se conduce la persecución penal, al señalar que “el problema no es de estructura, sino de aplicación”.
Entrevistado en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, Céspedes Martínez sostuvo que los problemas del sistema judicial no se solucionan con cambios estructurales y advirtió que la creación del Ministerio de Justicia, lejos de fortalecer el sistema, podría afectar la eficacia del Ministerio Público.
Indicó que el enfoque debe centrarse en mejorar la calidad de las investigaciones, la objetividad de las acusaciones y el respeto a los plazos procesales, y no en la creación de nuevas instancias administrativas.
En ese contexto, el exfuncionario consideró que la extinción de los procesos penales por vencimiento de plazos constituye una grave falla institucional, al explicar que muchos casos, especialmente los vinculados a corrupción administrativa, se inician sin contar con un cúmulo probatorio suficiente.
“Cuando los procesos se extinguen es porque el Ministerio Público no tiene los elementos probatorios para sostener la acusación”, sostuvo.
El exjefe del Ministerio Público agregó que en la práctica se invierte el orden lógico de la persecución penal, ya que se inicia el proceso sin haber investigado previamente y luego se pretende buscar las pruebas dentro del juicio, provocando dilaciones que terminan favoreciendo la extinción de los expedientes.
Céspedes Martínez rechazó que se atribuya al imputado la responsabilidad principal por el vencimiento de los plazos procesales, al considerar que esa visión afecta derechos fundamentales.
“El proceso no está bajo la dirección del imputado, está bajo la dirección del sistema de justicia”, precisó.
Advirtió, además, que aceptar el argumento de que los aplazamientos solicitados por la defensa justifican la extinción de los casos violenta drásticamente el derecho a la defensa, ya que corresponde a los jueces administrar el proceso conforme a la ley.
Por otro lado, el exprocurador abordó la relación entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad ciudadana, al señalar que la seguridad es un derecho fundamental cuya responsabilidad principal recae en el Estado.
Consideró que el discurso de una independencia absoluta del Ministerio Público no se corresponde con la realidad institucional.
“Hablar de una independencia total del Ministerio Público es una ficción política”, expresó, al precisar que debe existir una coordinación armónica entre las instituciones encargadas de la persecución penal y la seguridad del Estado.
Narcotráfico y actividad política
Céspedes Martínez advirtió sobre la participación de personas vinculadas al narcotráfico en la actividad política y afirmó que permitir esa práctica representa una amenaza directa para la democracia y la seguridad jurídica del país.
“No es posible que el narcotráfico se convierta en un potencial político en la República Dominicana”, enfatizó.
Indicó que dicha situación es peligrosa e inaceptable, y que tiene un impacto profundo en la sociedad. “Se está envenenando el pensamiento, las acciones y el desarrollo de cada familia dominicana”.
Agregó que la ley es sana, que el problema es su aplicación, y llamó al Estado dominicano a actuar con mayor firmeza para evitar que esas situaciones continúen afectando la institucionalidad del país.
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