La reciente advertencia de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, sobre los supuestos riesgos asociados a determinadas empresas tecnológicas chinas vuelve a colocar sobre la mesa un debate que trasciende lo tecnológico y comercial: ¿hasta dónde puede llegar la influencia de una potencia extranjera sobre las decisiones soberanas de un Estado? La preocupación por la seguridad cibernética es legítima y debe ser tomada con seriedad por cualquier gobierno. Sin embargo, esa preocupación no puede convertirse en un mecanismo de presión para determinar con quién puede o no relacionarse comercialmente la República Dominicana. En el sistema internacional contemporáneo, la soberanía continúa siendo un principio fundamental y ningún Estado debería asumir que sus intereses estratégicos están automáticamente por encima del de los demás.
En este contexto resulta inevitable recordar el caso de Edward Snowden, antiguo contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), quien en 2013 reveló información clasificada sobre programas de vigilancia electrónica desarrollados por el Gobierno estadounidense. Sus revelaciones provocaron un debate internacional sobre privacidad, vigilancia masiva, seguridad nacional y los límites del poder estatal. Snowden expuso, entre otras cuestiones, mecanismos de vigilancia que alcanzaban incluso a ciudadanos, instituciones y gobiernos extranjeros. Posteriormente, en su libro Vigilancia permanente, explicó las razones que, según su propia experiencia y perspectiva, lo llevaron a abandonar Estados Unidos y hacer pública aquella información.
Por eso resulta pertinente formular una pregunta: ¿puede Washington exigir a otros Estados estándares de confianza tecnológica que la propia política de seguridad estadounidense ha demostrado no aplicar siempre a sus aliados? La pregunta no pretende justificar eventuales prácticas de espionaje de empresas extranjeras. Si existen pruebas concretas de actividades ilícitas, espionaje o vulneraciones de la seguridad nacional dominicana, estas deben ser investigadas y enfrentadas mediante los mecanismos jurídicos correspondientes. Pero una acusación de esa naturaleza debe sustentarse en evidencia verificable y no únicamente en la nacionalidad de una empresa o en la rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing.
La cuestión adquiere mayor relevancia porque la competencia entre Estados Unidos y China ya no se limita al ámbito militar. Estamos ante una disputa por el liderazgo tecnológico, las cadenas globales de suministro, la inteligencia artificial, los semiconductores, las telecomunicaciones, los sistemas financieros y la infraestructura digital. En esa nueva geopolítica, los países pequeños y medianos corren el riesgo de convertirse en escenarios de disputa entre grandes potencias. La propia realidad tecnológica dominicana demuestra el grado de interdependencia existente: según Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), “el 64% de la data que usan las prestadoras de servicios son chinas”. Esta afirmación obliga a mirar el debate con mayor objetividad: si una proporción tan significativa de la infraestructura o tecnología utilizada por las prestadoras dominicanas tiene origen chino, la discusión no puede reducirse a advertencias políticas, sino que debe abordarse desde evaluaciones técnicas, seguridad nacional, protección de datos e interés público. República Dominicana debe comprender esta realidad y actuar con inteligencia estratégica: no sustituir una dependencia por otra, sino diversificar sus relaciones internacionales en función de sus propios intereses nacionales.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la República Dominicana es un Estado soberano. La Carta de las Naciones Unidas establece el principio de igualdad soberana de sus miembros y reconoce la prohibición de intervenir en asuntos que correspondan esencialmente a la jurisdicción interna de los Estados. Esto significa que las relaciones de amistad con Estados Unidos, China o cualquier otra nación no eliminan la capacidad dominicana de decidir autónomamente sus políticas comerciales, tecnológicas y diplomáticas. La cooperación internacional es legítima y necesaria; la subordinación de la política exterior de un Estado a los intereses de una potencia extranjera es otra cuestión completamente distinta.
República Dominicana tiene, además, legítimos intereses económicos que deben ser considerados. China constituye una de las principales economías del planeta y un actor relevante en el comercio, la inversión, la infraestructura y la tecnología mundial. Estados Unidos, por su parte, representa un socio estratégico fundamental para la República Dominicana. El desafío consiste precisamente en mantener relaciones constructivas con ambos sin aceptar que la rivalidad entre Washington y Beijing obligue al país a escoger automáticamente un bando. La diplomacia dominicana debe responder primero a Santo Domingo, no a Washington ni a Beijing.
Esto no significa desconocer los riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías. Al contrario, el Estado dominicano necesita fortalecer sus capacidades de ciberseguridad, protección de datos, inteligencia estratégica y evaluación de riesgos. Pero esas políticas deben aplicarse mediante criterios técnicos, transparentes y universales. Si una empresa extranjera representa una amenaza, debe demostrarse; si incumple la legislación dominicana, debe sancionarse; y si una tecnología compromete la seguridad nacional, corresponde al Estado establecer las restricciones necesarias. Lo que no resulta compatible con una política exterior verdaderamente soberana es aceptar que una potencia extranjera determine de antemano qué empresas pueden operar en nuestro territorio simplemente porque pertenecen a un país considerado rival.
El caso Snowden, precisamente, debería servir como recordatorio de que ningún Estado posee el monopolio de la virtud en materia de vigilancia y seguridad tecnológica. Las grandes potencias actúan conforme a sus intereses nacionales y utilizan sus capacidades económicas, militares, diplomáticas y tecnológicas para protegerlos. La responsabilidad de los países pequeños consiste en reconocer esa realidad sin caer en la ingenuidad de pensar que una potencia protege nuestros intereses por encima de los suyos. Estados Unidos tiene derecho a defender su seguridad nacional; China también. República Dominicana tiene exactamente el mismo derecho.
Por tanto, el debate no debería reducirse a una cuestión de “China contra Estados Unidos”. El verdadero debate debe ser República Dominicana frente a sus propias necesidades estratégicas. Necesitamos una política tecnológica que proteja nuestros datos, una política comercial que amplíe nuestros mercados y una política exterior que diversifique nuestras alianzas. La soberanía no consiste en cerrar las puertas al mundo, sino en tener la capacidad de relacionarnos con todos sin que ninguno pueda imponernos unilateralmente con quién debemos comerciar, invertir o cooperar.
La República Dominicana no puede comportarse como un territorio subordinado dentro de la disputa geopolítica de las grandes potencias. Somos un Estado soberano, miembro de la comunidad internacional y sujeto de derechos y obligaciones conforme al derecho internacional. Podemos ser amigos de Estados Unidos, socios comerciales de China y mantener relaciones con Europa, América Latina, Rusia, Medio Oriente y el resto del mundo sin que esas relaciones sean mutuamente excluyentes. La verdadera soberanía consiste precisamente en tener la libertad de decidir.
Washington puede expresar sus preocupaciones, presentar evidencias, ofrecer cooperación y formular recomendaciones. Eso forma parte de la diplomacia internacional. Pero la última palabra sobre las decisiones que afectan a la República Dominicana debe corresponder al Estado dominicano. Porque si aceptamos que una potencia extranjera determine con quién podemos comerciar, qué tecnología podemos utilizar o qué alianzas podemos establecer, entonces el problema ya no sería únicamente tecnológico o geopolítico: estaríamos ante un problema de soberanía.
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