SANTO DOMINGO. – El jurista y docente universitario Miguel Valerio Jiminian ponderó el nuevo Código Penal como un instrumento estratégico para enfrentar la corrupción administrativa en la República Dominicana, aunque advirtió que su implementación demandará resolver importantes desafíos de interpretación jurídica. Durante su ponencia en el I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo, el penalista propuso la creación de una comisión especializada en el Congreso Nacional dedicada a la seguridad ciudadana y la política criminal, diferenciada de la Comisión Permanente de Justicia, para garantizar un seguimiento legislativo continuo durante el ciclo 2025-2026.
El evento académico reunió a profesionales del derecho, académicos y representantes institucionales para evaluar el impacto de la reforma penal en la transparencia y el combate a las infracciones contra la administración pública.
Delitos de infracción de deber y participación de particulares
Durante el análisis del módulo «Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal», Valerio fundamentó que la reforma delimita con mayor precisión los tipos penales, facilitando tanto el ejercicio de la persecución a cargo del Ministerio Público como la formulación de estrategias de defensa técnica. El especialista enfatizó la trascendencia de los tipos penales referidos a la «infracción de deber», donde la responsabilidad penal se determina en función de las obligaciones inherentes al cargo público y no solo por la ejecución material del hecho.
En ese sentido, precisó que la magistratura deberá delimitar cuáles reglamentos, circulares e instructivos administrativos poseen el rango normativo necesario para sustentar imputaciones penales en estricto apego al principio de legalidad. Asimismo, valoró que el nuevo texto normativo regule la tipicidad del particular que interviene o se beneficia de actuaciones corruptas.
«El nuevo Código Penal fortalece el régimen de consecuencias contra la corrupción, pero exige una revisión legislativa permanente en el Congreso Nacional para evitar vacíos normativos y adecuar la ley a las dinámicas delictivas», aseveró el jurista Miguel Valerio Jiminian.
Desafíos interpretativos y respaldo a los acuerdos judiciales
El académico expuso reparos metodológicos a la sistematización del articulado, cuestionando la concentración en un mismo libro de los delitos de corrupción, los abusos de autoridad contra particulares y los crímenes contra la administración de justicia. Sostuvo que las violaciones a los derechos humanos y las obstrucciones a la justicia requieren una tipificación y dogmática diferenciadas. De igual manera, subrayó la necesidad de armonizar las disposiciones del Código con la Ley de Compras y Contrataciones Públicas para evitar conflictos de concurrencia de normas o problemas en la acumulación de penas.
Finalmente, el profesional respaldó el uso de los acuerdos judiciales como mecanismo de descongestión procesal, al tiempo que reconoció la labor de veeduría ciudadana que encabeza el presidente de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, en favor del fortalecimiento institucional del país.
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