El gremio empresarial remitió comunicaciones a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en las que planteó la necesidad de completar el trámite legislativo y permitir que las empresas dispongan de tiempo adicional para adaptar sus estructuras y procedimientos a las nuevas obligaciones legales.
La iniciativa, presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, conocido como Cholitín, fue declarada de urgencia y aprobada por el Senado el 21 de octubre de 2026. Sin embargo, todavía requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y su posterior promulgación por el Poder Ejecutivo.
Proyecto busca extender hasta noviembre de 2028 aplicación de disposiciones
La propuesta modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, para ampliar el plazo de entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El texto aprobado por el Senado establece un período de 24 meses, contado a partir del 5 de noviembre de 2026, para la aplicación de los artículos 8, 9, 10 y 11, por lo que estas disposiciones entrarían en vigor el 5 de noviembre de 2028, si la modificación completa el proceso legislativo.
El aplazamiento propuesto se refiere específicamente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y no supone una nueva postergación de todo el Código Penal.
Empresas requieren tiempo para adaptar sus controles internos
En sus comunicaciones, el CONEP valoró la decisión del Senado de aprobar la iniciativa, al considerar que un plazo adicional favorecería la implementación del nuevo régimen.
“Esta iniciativa constituye un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa”, expresó la organización.
El gremio explicó que las empresas necesitan adecuar sus estructuras administrativas, políticas y procedimientos internos para responder a las nuevas exigencias legales.
Entre las medidas identificadas figuran los programas de cumplimiento normativo, las políticas de prevención, los mecanismos de control interno, los canales de denuncia y los procedimientos de evaluación.
El CONEP considera que estas herramientas deben desarrollarse tomando en cuenta las características de cada organización, particularmente su tamaño, actividad económica, estructura y nivel de riesgo.
Solicitan agilizar trámite en la Cámara de Diputados
La organización empresarial advirtió que el tiempo disponible para completar el proceso legislativo es limitado, debido a la cercanía del 5 de noviembre.
Por esa razón, solicitó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, impulsar la pronta remisión de la iniciativa a la Cámara de Diputados.
De igual manera, pidió al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, facilitar la continuidad del trámite una vez recibido el proyecto.
El CONEP sostiene que la aprobación y promulgación deben producirse antes de la fecha prevista para la entrada en vigencia de las disposiciones, a fin de que el aplazamiento pueda aplicarse oportunamente.
Plantean capacitación y criterios claros para aplicar la normativa
Además del período de adaptación empresarial, el CONEP señaló que la prórroga permitiría avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia.
La entidad considera necesario establecer criterios institucionales que contribuyan a una aplicación uniforme de la normativa, especialmente en lo relativo a la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas.
También planteó la importancia de contar con estándares objetivos para evaluar los programas de cumplimiento de las empresas.
Según el gremio, estos mecanismos contribuirían a fortalecer la seguridad jurídica y favorecer una aplicación proporcional de las disposiciones legales.
CONEP ofrece colaboración técnica
El Consejo Nacional de la Empresa Privada reiteró su disposición de colaborar técnicamente en los procesos de revisión e implementación del régimen de responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, manifestó su compromiso con el fortalecimiento institucional y la promoción de una cultura empresarial basada en la integridad y el cumplimiento de las leyes.
La decisión sobre el aplazamiento permanece en manos del Congreso Nacional, que deberá completar el conocimiento de la iniciativa antes de su eventual remisión al Poder Ejecutivo.
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