Este 6 de noviembre conmemoramos el 182.º aniversario de la proclamación de nuestra primera Constitución, aprobada en San Cristóbal en 1844, apenas ocho meses después de la Independencia Nacional. Aquel acontecimiento marcó el nacimiento de nuestro ordenamiento constitucional y estableció las bases jurídicas de la República Dominicana.
Desde entonces, nuestra Carta Magna ha experimentado numerosas modificaciones, algunas impulsadas por la necesidad de modernizar las instituciones y ampliar los derechos ciudadanos, y otras motivadas por intereses políticos y circunstancias particulares del ejercicio del poder.
La Constitución vigente, proclamada el 27 de octubre de 2024, contiene 278 artículos, distribuidos en quince títulos, además de las disposiciones transitorias, destinadas a regular la transición entre el régimen constitucional anterior y las nuevas disposiciones, garantizando su aplicación progresiva y la continuidad institucional. En ella se consagran los derechos fundamentales, la organización de los poderes públicos, las garantías constitucionales y los principios que sustentan nuestro Estado social y democrático de derecho.
Entre las reformas más trascendentales de nuestra historia reciente debemos destacar la de 1994, que introdujo importantes cambios en el sistema electoral y judicial, y la de 2010, que fortaleció considerablemente el catálogo de derechos fundamentales, creó el Tribunal Constitucional y estableció una nueva estructura de organización y control del poder público.
La última reforma, realizada en 2024, introdujo modificaciones relacionadas con los límites a la reelección presidencial, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la independencia del Ministerio Público y la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados, entre otros aspectos.
Sin embargo, la verdadera fortaleza de una Constitución no reside en la cantidad de artículos que contiene ni en las reformas que experimenta, sino en el respeto que le profesan gobernantes y gobernados.
La Constitución no debe ser un instrumento al servicio del poder, sino el límite que impide sus excesos. Su supremacía debe prevalecer sobre las conveniencias políticas y los intereses particulares.
Pero la defensa de la Constitución no es responsabilidad exclusiva de los gobernantes, los jueces o los legisladores. Es también un deber ciudadano. Cada dominicano debe conocer sus derechos, cumplir sus obligaciones y exigir que quienes ejercen funciones públicas actúen dentro de los límites establecidos por nuestra Ley Fundamental. Una ciudadanía indiferente frente a las violaciones constitucionales termina debilitando las mismas libertades que la Constitución está llamada a proteger.
En este nuevo aniversario, debemos comprender que la Constitución no se honra únicamente con discursos, actos oficiales o celebraciones patrióticas, sino con su cumplimiento cotidiano. La democracia necesita instituciones fuertes, gobernantes respetuosos de la ley y ciudadanos conscientes de que la soberanía reside en el pueblo.
Que este 6 de noviembre nos recuerde que la Constitución pertenece a todos los dominicanos, no a quienes circunstancialmente ejercen el poder. Defenderla es defender nuestra libertad, nuestra democracia y el futuro de las próximas generaciones.
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