Más de dos décadas después de que su carrera judicial fuera interrumpida, el exjuez Washington David Espino Muñoz anunció el cierre definitivo del proceso que inició ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado dominicano.
Como se relata en un comunicado publicado al efecto, Espino acudió al sistema interamericano luego de ser suspendido durante 14 meses sin disfrute de salario y posteriormente desvinculado del sistema judicial en diciembre de 2004, después de nueve años de ejercicio como juez. En 2017, la CIDH declaró admisible su petición y decidió continuar con el conocimiento del fondo del caso.
En su Informe de Fondo No. 107/23, del 20 de julio de 2023, la Comisión concluyó que el Estado dominicano violó los derechos de Espino a las garantías judiciales, los derechos políticos y la protección judicial, en relación con el proceso disciplinario, su destitución y la suspensión previa sin salario.
La CIDH recomendó, entre otras medidas, reparar integralmente los daños materiales e inmateriales ocasionados y adoptar medidas para garantizar que los procesos disciplinarios contra jueces respeten los estándares internacionales de debido proceso, incluido el derecho a recurrir las decisiones sancionatorias.
Como adecuada y permanente reparación moral, el Consejo del Poder Judicial aprobó por unanimidad incorporar una referencia al informe de fondo de la CIDH en el mismo boletín, página y encabezamiento de la sentencia que había dispuesto su desvinculación del jurista. La referencia ya figura en el Boletín Judicial No. 1129, correspondiente a diciembre de 2004, en su página 12.
De igual manera, fueron suscritos acuerdos de reparación con el Poder Judicial y con el Estado dominicano, que cumplen íntegramente con las directrices establecidas por la CIDH. Los detalles económicos de dichos acuerdos no fueron hechos públicos en el comunicado, al considerar el ex juez que el aspecto esencial del proceso no fue económico, sino institucional: “Nunca se trató de dinero, sino de respeto por el estado de derecho”.
Con el cierre del caso se ha puesto a disposición del público, con propósitos puramente académicos, la documentación oficial relacionada, dado que el informe de admisibilidad del 2017 ha sido posteriormente referenciado en más de 60 casos tratados por la CIDH, dando muestra de la trascendencia jurídica como precedente internacional de la decisión.
El ex juez manifestó que el referido comunicado, será su única y última referencia pública al proceso, que da por concluido sin revanchismos ni resentimientos y con un sentimiento de gratitud por el desenlace alcanzado.
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