El domingo 09 de agosto, fueron entregados los apartamentos que se construyeron en el Proyecto Aguayo, dicho acto contó con la presencia del director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Mayobanex Escoto, el gobernador civil de la provincial Duarte, Luis Francisco Núñez, la diputada Miledys Núñez, entre otros.
La entrega de estos apartamentos a un sinnúmero de beneficiarios que todo el pueblo francomacorisano conoce, resulta una burla para los residentes adyacentes a esta área, y que ante todo es alarmante y preocupante, debido a que algunos de estos poseen viviendas propias; pero además, en otras ocasiones se le han entregado este mismo tipo de inmueble, como lo fue en la gestión del expresidente Leonel Fernández, y estos, lo alquilaron o lo vendieron para irse a vivir a otra parte de mejor confort.
El gobierno construyó este complejo habitacional con los fines de entregárselos a los damnificados del Barrio Azul y el sector Ugamba, pero las autoridades, antes de tomar en cuenta a las personas de esos sectores, prefirieron distribuírselos a los compañeritos, que se han beneficiados por más de 16 años del Estado dominicano y sus instituciones.
Además de las familias del Barrio Azul y Ugamba, las autoridades deben tomar en cuenta a los residentes de:
- Los Aguayos.
- La Amarga.
- Genimillo.
- Genimo.
- Cenoví.
- Colón.
- El Caimito.
- La Boca.
- La Guama.
- Entre otras comunidades.
La Constitución de la República Dominicana, es clara y en su Artículo 59, de los Derechos Fundamentales, donde plantea el Derecho a la vivienda.
“Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.
La mayoría de esas comunidades son trabajadores agrícolas, que se pasan la vida produciendo para garantizar la alimentación de la población, pero que al final de sus días no tienen nada, ni pensión ni salud ni vivienda. Es por eso, que los hijos de esos agricultores, abandonan el campo, trasladándose a la ciudad porque el Estado no es capaz de garantizarle un techo digno y los bienes y servicios necesarios para seguir labrando sus tierras.
El gobierno de Danilo Medina y el PLD se cree y entiende que el Estado dominicano es un bien familiar o una finca de su propiedad, y que el pueblo en sentido general no tiene derechos. Es por esto que ellos quieren repartirse el pastel, antes del 16 de agosto, donde el Estado tendrá en sus manos una nueva administración.
Las organizaciones sociales, populares y demás fuerzas vivas de San Francisco de Macorís, deben exigirle al gobierno y a las autoridades competentes de este municipio, que aclaren esta situación, pero que además hagan una investigación exhausta, con la finalidad de determinar quién o quienes clasifican para adquirir uno de esos apartamentos; porque no es justo, que sean solo los altos dirigentes del PLD, quienes solo tengan derecho a obtener los apartamentos construidos en la comunidad del Proyecto Aguayo.
“La vivienda no es sólo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual.”
-Mario Benedetti-
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