“Nadie se nos montara encima si no doblamos la espalda” . Martin Luther King
La sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional (TC) evacuada el miércoles 25 de septiembre viola los artículos 18, 110, 74 y 69 de la Constitución dominicana.
Los jueces del TC, con esta decisión inconstitucional, crean el precedente de que desnacionalizan a cientos de miles de dominicanos, al expresar que “que son extranjeros” a todo hijo de inmigrante irregular o “de transito” que haya nacido después del año 1929.
La primera violación de la Constitución, es la relativa a la “nacionalidad”, expresada en el segunda parte del artículo 18, que expresa:
“Artículo 18.- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos:
2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”
La constitución proclamada el 25 de julio del año 2002 establecía en su artículo 11 que son dominicanos “ todas las personas que nacieran en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros resientes en el país en representación diplomática o los que están en tránsito en el país” , Este último concepto, según el Reglamento de Inmigración de 1937, se refería a aquellos extranjeros que estuvieran en el país por un plazo no mayor a diez días, es decir, que a partir del día once ya no se está en tránsito”,.
Con esta decisión se rompe con todo precepto constitucional ya que le arrebata la nacionalidad a ciudadanos que la misma constitución dominicana le atribuía esa condición en el articulo antes citado. La ley solo puede ser retroactiva si beneficia al ciudadano, tal como lo consagra el artículo 110 de nuestra constitución vigente cuando expresa: “La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que este subjúdice o cumpliendo condena……”
“Artículo 74 sobre el principio de interpretación, específicamente: Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”.
Al evacuar esta decisión el TC, desconoció derechos y garantías fundamentales protegidos por nuestra Constitución.
Además viola dos acápites del artículo 69 de la constitución, sobre tutela judicial efectiva y debido proceso:
“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso:
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;
4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”.
El constitucionalista Nassef Perdomo observa que con la sentencia “el TC ordena que se haga de manera administrativa y masiva lo que la ley y la Constitución ordenan que se haga a través de un juez, caso por caso”. Con esto, advierte, se viola el “derecho a la defensa” y se niega el “debido proceso” porque en un caso que era particular, salieron con una decisión que afecta a cientos de miles de personas que no tuvieron oportunidad de ir al Tribunal a plantear sus posiciones.
Al invertir la carga de la prueba, sostiene, la persona afectada por la decisión se ve obligada a reaccionar ante la misma probando que no es responsable de hechos que ocurrieron antes de su nacimiento.
Agregó que “para quitarle la nacionalidad a todas estas personas ha determinado que todas tienen nacionalidad haitiana, cuando el Tribunal Constitucional no tiene facultad para otorgarle a una persona la nacionalidad de un país extranjero”. La decisión del TC entra en contradicción con sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluyen que la condición de los padres en cuanto a la nacionalidad no puede afectar a los hijos.
“Las decisiones de la corte se imponen a los Estados, porque la competencia jurisdiccional implica que sus sentencias son obligatorias y forman parte bloque constitucional dominicano”. Las decisiones del Tribunal Constitucional compromete al Estado Dominicano generando con este que el mismo pueda ser juzgado en tribunales internacionales.
La función del TC es proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos. Con esta decisión se la da muerte civil a cientos de miles de ciudadanos dominicanos.
“No sigas el camino; ve por donde no halla vereda y deja una huella’. Anónimo.
Dra. Agueda Vargas. Avenida Frank Grullón No.5, Edificio TELENORD 2DO. NIVEL, San Francisco de Macorís. Para citas 809 588-3425. Email: migracionaldia2011@hotmail.com; Youtube: migración al dia; facebook: Dra. Agueda Vargas; Twitter:@migracionaldia.
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