Es lógico y entendible que los jueces no polemicen, ni busquen el consenso exterior previo a la evacuación de una sentencia. No obstante, sus decisiones como ente jurídicos en defensa de los mejores intereses de la nación, deben ser bien ponderadas, analizadas y muy especialmente ajustadas a los perjuicios y beneficios que las mismas puedan causar a la sociedad al momento de su puesta en ejecución.
El tribunal constitucional (TC) es una instancia surgida con la implementación de la nueva constitución del 1ro. Del año 2010, con la anuencia del presidente de entonces DR. Leonel Fernández y el apoyo de otros grupos de la sociedad. Tribunal que ha evacuado una sentencia, que pone en entredicho el respeto de los derechos humanos, de cientos de descendientes (hijos) de inmigrantes Haitianos nacidos en suelo dominicano. Sentencia que ha creado un ambiente de tensión con organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
Es de suponer que decisiones de esta naturaleza surjan con apego a nuestros derechos, como forma de reguardar nuestra soberanía. No como una retaliación por decisiones tomadas por las autoridades haitianas meses atrás, las cuales afectaron el intercambio comercial bilateral. El cual causo una serie de inconvenientes que al día de hoy han servido de aliciente para que el tribunal constitucional (TC) evacue esta sentencia que a todas luces afecta en mayor medida a ciudadanos Haitianos no necesariamente indocumentados.
Decisiones de esta naturaleza, solo sirven de incentivos para exacerbar esa animosidad subyacente, que ha existido y aun existe en contra de ciudadanos de esa nacionalidad que residen en la republica dominicana. Más arriba hago mención que tal decisión se revierte no solamente en contra de los indocumentados, sino también en contra de los que residen legalmente en país, pues ellos son objeto de acoso de parte de las autoridades y de algunos civiles xenófobos que miran a estos extranjeros con cierta indiferencia.
Yo considero que los jueces del tribunal constitucional (TC) no han sido justo en su decisión, pues lejos de hacer uso de los mandatos que establece la constitución de la republica los han obviado, actuando de manera caprichosa e interpretativa. Es decir, ellos han interpretado que todos esos cientos de ciudadanos haitianos, contratados para el corte y tiro de la cana desde mediados del siglo XX eran diplomáticos e hijos de estos o transeúntes que estaban de turistas.
De acurdo a la constitución anterior que establecía que todos los nacidos en suelo dominicano (Eran dominicanos) exceptuando los hijos de los diplomáticos, sus funcionarios y/o ciudadanos de transito por el país. Que no se diga más. El que quiera buscarle las cinco patas al gato, para hacerles la vida más complicada a todos esos descendientes de ciudadanos Haitianos, hasta la entrada en vigor de la nueva constitución del año 2010 que lo haga.
A no ser que los distinguidos jueces del tribunal constitucional, valoren esta de la misma manera que un cierto día dijera un viejo político dominicano (Joaquín Balaguer) quien afirmara de forma irresponsable, que la constitución era un simple pedazo de papel. Que no dejaba de tener razón, porque sus mandatos están escritos en papel, mas lo impreso en el haz y el envés de esta, son principios sagrados al momento de hacer valer su contenido. Porque es lo que nos permite ser una sociedad mínimamente civilizada. Que si el estado, las autoridades y los ciudadanos, nos circunscribiéramos a ella en toda su plenitud, la republica dominicana fuera un paraíso.
Que me diga alguien en su sano juicio que una persona o grupos de personas que hayan vivido 10, 15, 25, 30 y 40 anos en un país, los cuales por evolución natural hayan procreado su ascendencia se le pueda considerar que son ciudadanos en tránsito. Máxime que al momento en que esto sucedía la constitución de entonces era bien explicita y clara, pero sobretodo que no dejaba espacios para interpretaciones erróneas que solo han servido para crearle contratiempos al país por tales decisiones.
Es un asunto de sentido común, no queramos ensenarnos contra un grupo de personas, los cuales no son responsables de las acciones de sus padres y mucho menos por haber nacido en un lugar que ningunos de ellos eligió. Que los nacidos después de la entrada en vigor de la nueva constitución (del 2010) no puedan obtener la ciudadanía dominicana es otra cosa, a pesar que no deja de ser discriminatoria, pero cada nación es soberana y como tal puede legislar como le plazca dentro de sus fronteras interiores.
El artículo 110 de nuestra carta magna establece lo siguiente: En ningún caso los poderes públicos ni la ley podrán alterar la seguridad jurídica derivadas de decisiones establecidas conforma a la legislación anterior. Señores distinguidos miembros del tribunal constitucional (TC), no dudamos de dominicanidad, de igual manera les decimos no quieran arrebatarles la nacionalidad a todos esos hijos de Haitianos indocumentados que nacieron en suelo patrio, protegidos bajo el manto de la constitución del 1966.
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