El tema cobra vida de cada fin de año escolar, a partir de los rumores y comentarios de medios de comunicación, los cuales, sin realizar serias investigaciones, hacen opinión pública en desmedro de este sector, ignorando la cruda realidad por la cual atraviesa la mayoría de los centros educativos privados que operan en los pueblos del país.
En tal sentido, es común en esta época, someterse a falsas percepciones generadas por personas que están muy ajenas a lo que deben encarar los propietarios de los centros educativos privados para tratar de avanzar y crecer en un medio de lleno de tantas dificultades.
Tal parece que los criterios sobre este particular afectan de manera significativa nuestro sector, debido a la distorsión de la realidad cada fin de año escolar. En verdad, costaría imaginarse cómo estas entidades se tienen que manejar para brindar un servicio que permita bordear ciertos niveles de calidad y seguir existiendo. Estos centros no sólo son económicamente considerados en las tarifas escolares con las familias abonadas, llegando en ocasiones a ser tan bajas que resultan irrisorias, pero además no reciben apoyo gubernamental alguno, por el contrario, los centros laicos (no religiosos), no poseen ningún tipo privilegios ni exenciones fiscales y están obligados por ley a pagar impuestos sobre la renta, a lo que se suma el Impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI), TSS, alquileres, y arbitrios locales, tales como: recogida de basura, agua, energía, Teléfono, Telecable, e Internet.
Por otro lado, deben asumir la responsabilidad de pago de vacaciones a sus empleados, de igual forma doble sueldos en Navidad, entre otros beneficios que por ley le confieren, sin embargo, no se alcanza a entender las pretensiones de algunos legisladores ensañados con este tipo de empresa, procurando coartar la libertad de coexistir en este mercado nacional, violentando el derecho a la constitución en su artículo 50, en el cual el estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria, como forma de incentivar la economía y el desarrollo integral de las familias. A su vez el artículo 63 de la constitución consagra el derecho que tienen todas las personas a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin embargo, es el estado el responsable de asumir la GRATUIDAD de la educación a nivel nacional y para ello utiliza el 4% del PIB, lo que debe garantizar el acceso al derecho a la educación que tienen todos los niños/as. y adolescentes en nuestro país.
El servicio escolar privado en los pueblos, es sin dudas el menos lucrativo y el más estable de todos los servicios ofrecidos por empresa alguna en el territorio nacional. A ninguna familia le incrementan la tarifa a mediados del curso de un año escolar, aunque la economía haya colapsado de forma significativa, lo que es sinónimo de estabilidad y confianza generada a los usuarios de este servicio. A ningún padre se le retira un estudiante porque no haya asumido su responsabilidad durante meses para honrar su compromiso de pago de tarifas atrasadas con el centro. En resumen te pueden privar de todos los servicios, hasta desalojarte de una vivienda, más nunca retirarte un estudiante de un centro educativo por incumplimiento de pago.
Es importante señalar que existe una ley, la cual no le han habilitado para tal fin, diseñada para regir las tarifas de los colegios educativos privados, la ley 8600. La misma se puso en ejecución únicamente con cierto rigor bajo la administración de la ex ministra de educación, Lic. Alejandrina Germán. En esta administración las tarifas eran reguladas, no por la dirección y el comité de la APMAE de los centros, sino por la misma cartera educativa.
Las valorativas para registrar cualquier tipo de alza, se debía a una serie de variables que debían ser declaradas por los centros para que se diera ese aval en aquel momento. Pasada esta gestión, se descontinuó tal iniciativa.
Nos parece que algunos legisladores ignoran que en sus comarcas, hay familias que han apostado y creído en este tipo de empresas para desarrollar, no solo su propia economía, pero además para desarrollar los talentos de la comunidad, en las cuales prestan sus servicios, anteponiendo en su actividad la dedicación, amor y el esmero que deben primar en este tipo de empresa, lo cual se traduce como un servicio social por la parte psico- emocional y delicada de la educación a menores.
Todos están invitados a conocer y saber, mediante los distritos educativos, los renglones tarifarios de los diferentes centros educativos, en ellos podrán ver la verdadera realidad de estas entidades en los pueblos, las cuales no merecen el menor desvelo ante la precaria situación de muchos centros, que no alcanzan para subsidiar cómodamente los gastos del mes, además se hace interesante cuestionarse, ¿cómo ha resultado la pandemia de la Covid-19 para estos centros educativos? Pues, les diremos que la misma redujo la cantidad de estudiantes a nivel general y de paso provocó el cierre de varios pequeños centros en esta localidad, los cuales rendían una labor fundamental en la provincia Duarte.
Por otro lado, nos mueve destacar y compartir, el nivel de entrega, la calidad, y los excelentes resultados académicos que obtienen estos centros en las diferentes pruebas a nivel nacional, denotando avances significativos, por lo antes mencionado, es que consideramos que estos resultados son las razones fundamentales por la cual aún nos mantenemos de pie, lo que nos permite disfrutar del aprecio y consideración de aquellos que saben valorar la educación. Esa que inspira, qué forma y que sobre todo transforma seres humanos. Estos calificativos quedan cortos a la hora de evaluar lo que representan estas entidades que han sabido trabajar y tienen sus méritos y espacio ganado con todo el sacrificio que conlleva subir una empresa educativa en este país.
A pesar de toda la estigma que le tienen algunos, la educación privada es un servicio preferido por muchos y no necesariamente en los pueblos pequeños alberga familias adineradas, puesto que el acceso a las mismas, podría darse hasta en las familias más humildes en términos de economía, sin embargo hay quienes prefieren hacer un poco de sacrificio y pagar un centro privado que garantice a sus hijos una educación más personalizada y sin interrupciones en su avance hacia los logros, valores y metas académicas, lo cual será prometedor en cuanto a calidad y oportunidad en la inserción a la educación superior en el futuro de cada estudiante.
Si partiésemos de la realidad, el gobierno debería respaldar las iniciativas privadas, estas pequeñas empresas familiares que dedican su vida para dejar un legado importante dentro de la educación nacional. Esas que antes del 2012 con la denominada revolución educativa, servían de paliativo a una necesidad nacional por la falta de centros públicos en casi todo el país. Esas que le han servido de escudo ante los organismos internacionales con resultados positivos, esas de las cuales dependen múltiples familias y en especial profesionales jóvenes, algunos en formación.
Señores legisladores, el ruido no es favorable al oído porque permea tan profundo que podría ocasionar alucinaciones auditivas, permítanse analizar nuestra realidad y provoquen encuentros por provincia con los líderes de las asociaciones para que el dulce sabor de la realidad impere en sus valoraciones con respecto a la educación privada. Permítannos ser escuchados, consultados y juntos cambiaremos la errónea percepción que nos arrojan esos lentes fuera del foco o grado que se necesitan para ver mejor.
Lejos de continuar con una política abusiva, despiadada y sin razón, produzcan soluciones tangibles que vayan en apoyo y auxilio de este sector, el cual beneficia la sociedad y levanta un país que por sus números en las pruebas Pisa, deja mucho que decir de la preparación de nuestra presente y las futuras generaciones.
“La enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida; la escuela es la sociedad”. John Dewey
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