El pasado 9 de octubre, Leonarda Dibrani, adolescente descendiente de una familia gitana fue la detonante de un acontecimiento que rasgó las vestiduras del Estado francés en materia migratoria. En momentos en que Europa no acaba de emerger de una de sus peores crisis económicas de la historia, donde el desempleo sigue como tragedia a sus atribulados ciudadanos, Francia, nación de reconocida trayectoria de defensa de los derechos humanos y precursora de la Declaración Universal que los consagran, famosa por su altisonante lema liberal de: Libertad, Igualdad y Fraternidad; acaba de ser el escenario de una acción que conmovió a una parte importante de esta histórica nación y al mundo. Las coyunturas económicas difíciles tienden a exasperar a los pueblos y bajo estas condiciones, ideas que parecen ser patrióticas, suelen esconder una soterrada intensión de fomentar odios raciales e intolerancia hacia los extranjeros.
En el caso de Leonarda, la adolescente gitana expulsada de Francia junto a su familia, podemos decir que se puso de manifiesto toda una estrategia de manipulación de la ciudadanía, a los fines de presentar una infeliz e inhumana manera de proceder como un procedimiento legal que debía hacerse por respeto a la ley. Ante esta situación, una parte considerable de la sociedad francesa apoyó una medida cruel que no reparó en la condición de estudiante de la joven ni escatimó esfuerzos en flexibilizar el protocolo de repatriación ante casos que involucran un espacio totalmente escolar. El gobierno francés a través de su presidente, François Hollande, ratificó que la expulsión del país de Leonarda y su familia, fue basada en procedimientos legales que anularon la solicitud de estadía sobre el territorio francés, bajo el alegato de falta de voluntad de integración a la sociedad.
Lo más sorprendente de todo cuanto sucedió es que la medida de expulsión de Leonarda y su familia fue ampliamente apoyada por la sociedad francesa, lo que indica que los estereotipos raciales y migratorios en tiempos de crisis, encuentran aprobación inmediata en una sociedad aterrada por la crisis, que según algunos representantes políticos de la sociedad francesa viene a profundizarse por la amplia presencia de inmigrantes que desplazan mano de obra nacional y deprimen los salarios de los trabajadores menos calificados. El hecho de que más de 65% de los franceses opinaran que no debe ser revocada la medida de expulsión, tomando en cuenta los resultados de un sondeo realizado por el diario “Le Parisien”, en una muestra donde 1099 personas que fueron entrevistadas sobre el tema, es un indicativo de lo antes dicho, esto a pesar de que se violaron los procedimientos adecuados de interpelación y se ultrajó a una adolescente delante de todos sus compañeros de clases. Por otro lado, menos de un 48%, según el mismo sondeo se siente impresionada por la forma en que fue sacada la infante del autobús donde se encontraba con sus compañeros de estudios y apresada para fines de repatriación junto a su familia. Más aun, un 74% de los franceses apoyan la manera como el Ministro del Interior aplica la política migratoria del país y el manejo del asunto que involucra la familia gitana de la joven, alegando de que todo fue hecho respetando las normas establecidas en el protocolo de repatriación.
La forma poco apegada al respeto de los derechos humanos en que se concibió la expulsión, generó toda una avalancha de críticas y masivas movilizaciones de estudiantes secundarios que sensibilizó a una franja de la juventud francesa democrática, lo que presionó al Presidente de la República a intervenir en el asunto, al punto que el mismo extendió la posibilidad de regreso a la joven gitana, pero bajo la condición de que volviera sola. La joven, como era de esperar por su edad y dependencia familiar, rechazó la oferta alegando que ella no era un “animal que se desarrollaba sin familia”. Por lo que alegó que no le interesaba desarrollarse ella cuando todas sus hermanas necesitan por igual estar en la escuela.
La decisión del gobierno encontró una fuerte oposición entre los partidos de la izquierda y los ecologistas, estos últimos aliados del gobierno del Partido Socialista. Estas formaciones políticas rechazan la forma contraria a los principios democráticos y republicanos que han sido sello distintivo del estado francés a los fines de resolver los problemas de índole humano. Por lo tanto, solicitan al gobierno el regreso de la familia a Francia por tratarse de una violación flagrante del estado de derecho.
Para el 5 de noviembre se esperan nuevas manifestaciones estudiantiles respaldadas por la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), organización estudiantil que contó con amplia aceptación en sus dos manifestaciones públicas en Paris y cuya marcha fue apoyada por líderes políticos de la izquierda francesa, como el Presidente del Frente de Izquierda, Jean-Luc Melenchon.
A pesar del relativo rechazo de la medida entre la juventud escolarizada, por razones que solo pueden atribuirse a la radicalización anti-inmigrantes de la política francesa llevada de la mano del Front National, organización política que enarbola con fiereza una posición de rechazo a la inmigración bajo un camuflaje de apoyo a ideas nacionalista y de supuesto corte patriótico, existe el apoyo de una mayoría de los adultos que no se adaptan a una sociedad francesa cada día más diversa.
Marine Le Pen, líder de esa formación política ultraconservadora (Front National), mantiene una posición de intolerancia racial y religiosa, que es apoyada por un 35% de la población, puntuación que la perfila como una de las figuras presidenciables para el 2017, con mejores perspectivas de éxito para ocupar el Eliseo, casa de gobierno de la nación gala.
Lo que viene a reflejar la situación con relación a la política de intolerancia de los cuerpos de seguridad franceses, y su reacción frente a la inmigración, es que existe una tendencia a consentir los extremismos en tiempos de estrechez económica, más cuando se le transmite a la población a través de los efectivos medios de masa, que el origen de sus problemas económicos y societarios vienen de factores que no intervienen en los mismos. Una política migratoria, si quiere ser humana, respetuosa de los derechos y además eficaz, debe reparar en no criminalizar la inmigración y verla como una respuesta humana a situaciones económicas, políticas y sociales, que la impulsan. La misma ONU ha consagrado la migración con un derecho humano, ya que la tipifica como una reacción que busca encontrar respuestas a necesidades humanas que solo pueden ser satisfechas mediante la movilización a otros territorios donde se vislumbren mejores condiciones de vida. Claro, todo tiene que atenerse a las normas y que las medidas tomadas se apeguen al respeto de los derechos humanos. Solo así, se evitan los excesos y se resguardan los valores de humanidad que debe primar en todo Estado que aplica su normativa bajo el manto del estado de derecho.
El autor es economista y cursa una maestría en Economia y Gestión Especializada en Políticas Económicas en Université de Lorraine, Francia
Discussion about this post