Por Antonio Ciriaco Cruz, El economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Una de las reformas pendiente que tiene el país, la cual está contenida en la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo como «Pacto», es la reforma fiscal. Esta reforma está pendiente desde el año 2013, después que se realizó una reforma tributaria que no tuvo la magnitud y el alcance esperado.
Desde esa fecha, las autoridades gubernamentales han evitado llevar a cabo la tan esperada «Reforma Fiscal» que dote al Estado Dominicano de los recursos suficientes que permitan satisfacer la deuda social que espera la sociedad dominicana y a su vez que el Estado se comprometa a mejorar la calidad del gasto.
Por otra parte, Durante los últimos veinte años las finanzas públicas en República Dominicana se han caracterizado por ser deficitarias, que combinado con un sistema tributario con altos niveles de evasión y elusión fiscal, informalidad laboral, exenciones tributarias y leyes especiales dirigidas a sectores determinados, no permite que el Estado Dominicano pueda disponer de los recursos necesarios para hacer políticas públicas de desarrollo.
Por demás, nuestro Sistema tributario es muy regresivo debido a que el 66.09% de los ingresos del Estado provienen de Impuestos Indirectos y el 33.91% de Impuestos Directos. Esta composición penaliza a los sectores con salarios fijos y más vulnerables.
¿Por qué un Pacto Social?
La magnitud del arreglo fiscal que amerita la economía dominicana, que bajo las actuales condiciones de recuperación de la economía, necesariamente se requiere de un consenso entre las principales fuerzas políticas y Sociales. Si el gobierno quiere cerrar la actual brecha del déficit fiscal (4.1% del PIB) que proyecta para este año, necesariamente tendría que buscar entre 350mil a 400mil millones de pesos, lo que implicaría un ajuste fiscal muy fuerte en la actual coyuntura en que se desenvuelve la economía dominicana.
Lo más aconsejable, en esta coyuntura, es buscar el consenso necesario con las principales fuerzas sociales y políticas y realizar un gran «Pacto Social» alrededor de una gran reforma fiscal. De lo contrario, debería realizar una reforma fiscal de «baja intensidad» de tal manera que reduzca el déficit fiscal en alrededor del 2.1% del PIB.
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