El establecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en la Constitución dominicana a partir del 26 de Enero del 2010, ha creado una serie de obligaciones y compromisos del Estado frente a la ciudadanía. De hecho un estado social y democrático tendrá una constitución que deje de ser un mero programa político para convertirse en una ley superior que puede ser judicializada. Nuestra carta fundamental crea y reglamenta este tipo de estado “…en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos” (Art. 7).
Cómo se puede observar, no es pequeña la responsabilidad que sobre esos ejes primordiales de nuestro entorno constitucional, tiene el Estado y la enorme responsabilidad que pesa sobre los poderes públicos así como de los órganos de gobierno directos o descentralizados del Estado. Todo el estamento público tiene la obligación primera de respetar la Constitución de la República y específicamente estos pilares que como principio sustentan el accionar del Estado nuestro. Pero en muchos casos vemos como por ignorancia o dejadez, se viola la Constitución a cada momento. El corte de pelo al cantante de música urbana Vakeró, fue una grosera violación a nuestra carta fundamental, que no trajo ninguna consecuencia para el Director del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, que lo ordenó aún sabiendo que un amparo podría prohibírsele; lo lamentable fue que recibió el beneplácito de las autoridades superiores del MP.
Así como el caso que ilustra lo dicho, se han producido otras circunstancias que manifiestamente nos dicen dos cosas: En primer término que es necesario empoderar a nuestras autoridades del alcance e importancia que para una sociedad democrática y estado social, tienen los derechos fundamentales. Cuando el Ministerio Público actuante en un caso no moldea a la Policía Nacional para que asuma su rol y respete el propio, que es ser Director Funcional de la investigación, esto es, el personaje en la investigación que le va a servir de “consultor jurídico” y a la vez, le requerirá aquellas pruebas que son necesarias para la litigación del juicio, una vez en los tribunales el caso, se provoca que cada quien actúe por su lado y en franca violación de la ley.
Esa manifiesta actitud de desdeñar la ley, viene acompañada del mesianismo de muchas autoridades nuestras de creerse los “salvadores” de la sociedad y del país y anteponen, lo que su cerebro—no siempre capaz de razonar adecuadamente o no formado en una escuela universitaria y con escaso “acucharamiento libresco”—le dicta y nunca pretenden anteponer la ley a sus actuaciones. El tema de las “Hookas” es un ejemplo de ello y esta de moda. La Hookak llamada también Narguille, Narguillé, Cachimba, Hookah o Ashise, es una tradición oriental creada en India, o en la China o Egipto pues su origen no esta claro, su uso constituye un acto social, ligado a tradiciones familiares o cuando tienes invitado o como el caso del Líbano donde su uso esta ligado a todas las clases sociales y a todas las edades. Con la Hookah se fuma un tipo de tabaco sin nicótica, inhalado desde un aparato de estos a través de una manguera lo que le da un carácter antihigiénico e insalubre pues muchas enfermedades se transmiten por la saliva.
El uso de la Hookah se ha difundido enormemente en este país, un pueblo con poca identidad, dado a la imitación y con una juventud que prefiere lo trivial, lo soso, el boato y la vida fácil. Ahora bien el asunto es que de acuerdo al derecho positivo nuestro, su uso no esta prohibido por ninguna ley. La autoridad—sobre todo aquella que realiza funciones de investigación o persecución—debe signar sus actuaciones sobre la base del principio de legalidad, es decir, si una ley no ampara la actuación, le esta vedado realizarla y mas aun que la Constitución nuestra ha reafirmado los derechos que protegen a la gente creando un Estado Social y Democrático de Derecho.
Como decía al principio, somos una nación de gente autoritaria, incapaces de respetar la opinión ajena y convivir con el opinante, aquí el grueso de la sociedad cree que la democracia es un sistema político para ponernos de acuerdo y, definitivamente es todo lo contrario, la democracia no es el sistema del consenso sino del disenso, es decir, convivir estando en desacuerdo. Los Diputados dominicanos acaban de aprobar en primera lectura una ley que prohíbe el uso publico de la hookah, quien la propuso solamente motiva su proyecto sobre la base “del daño que su uso provoca a la sociedad, por tratarse de una manera de usar estupefaciente, específicamente marihuana”. El señor legislador no parte de un estudio sobre el uso del aparato, tampoco tiene un trabajo de campo que ilustre cual es el daño que provoca, ¿cuantas hookah han sido detectada con marihuana como componente?, pero su mesianismo, su autoritarismo le dice que es lo mejor para la sociedad prohibirla.
La confiscación y rotura de las hookahs en sitios públicos es una violación al derecho de propiedad, consagrado constitucionalmente como derecho fundamental, al cual están obligadas las autoridades a respetar, la detención de cualquier ciudadano que las emplee en público es otra violación constitucional al derecho fundamental de la libertad pues su uso no esta prohibido. Las autoridades que así actúen pueden ser sujetos de sanciones o demandas por actuar contrario a la ley que dicen respetar.
El autor es Abogado Penalista, Procurador Regional de Corte.
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