En su mayoría, las personas que se ven involucradas en algún ilícito penal, o un familiar, culpan ipso facto a los tribunales o al juez de complicidad, cuando este resoluta un No Ha Lugar, en este caso, los Juzgados de la Instrucción, esto, dado la contaminación e ilegalidad de las pruebas obtenidas, casi siempre, por la Policía o el Ministerio Publico para sustentar una acusación.
La reacción de los afectados, en este caso, cuando la decisión del juez no le favorece, lanzan rayos contra la justicia, claro esta, ignorando estos, la normativa procesal, en cambio, los agentes actuantes, en ocasiones, no por estupidez ni ignorancia, sino que lo hacen para extorsionar a los implicados, esto ya, como una burda estrategia post trujillista de los miembros auxiliares del Ministerio Publico.
La normativa es precisa cuando de la recolección de pruebas se trata, dado que las mismas serian valoradas para así fundamentar una acusación con pretensiones jurídicas.
El articulo 26 del Código Procesal Penal establece que los elementos de prueba solo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas de este código.El incumplimiento de esta norma puede ser invocada en todo estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicios de las sanciones previstas por la Ley a los autores del hecho.
La Suprema Corte de Justicia a través de la resolución 1920 del dos mil tres hace hincapié en el principio de la legalidad de la prueba, el cual es consustancial con las garantías judiciales , entendidas estas como procedimientos o medios para asegurar la vigencia efectiva de los Derechos Fundamentales. Este principio de la legalidad de la prueba es parte del derecho al debido proceso de ley, por que los medios de pruebas son los que pueden justificar la imputación de un hecho punible.
El magistrado Ignacio Camacho Hidalgo, juez de la Suprema Corte Justicia, pondera en su libro Derecho Procesal Penal Anotado que la prueba que ha sido obtenida dentro del esquema de la legalidad es la que permite que pueda ser utilizada como medio para la acusación, es en ese sentido que la legalidad, es la etiqueta que se le coloca en lugar visible a los medios que sirven para probar, en el proceso penal , la imputación de un hecho punible.
Igualmente señala el pupilo magistrado ¨¨ que este código, CPP, establece los medios mediante los cuales obtienen las pruebas así como su marco legal y las formalidades requeridas para que la prueba adquiera la legalidad que la hace parte del proceso..
Son los jueces de la Instrucción los facultados para resolutar sobre la legalidad de dichos medios de pruebas, dado que son estos los que autorizan realizar las actuaciones en la etapa preparatoria, ya que sin dicha aprobación judicial , los medios de pruebas no pueden ser valorados como tales y por lo tanto no pueden ser incorporados en las siguientes fases del proceso.
Tanto el allanamiento, el arresto , la interceptación de las telecomunicaciones, la intervención corporal, el secuestro de bienes, el secuestro de objetos, clausura de locales, etc, serian ilegales sino cuentan con la intervención de un juez…En este caso, el juez de las garantías.
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