El padre de la Psicología humanista, Abraham Maslow, aseguró hace un siglo, luego de inúmeras investigaciones, que cuando una persona se siente respetada y querida, actúa con más lealtad, con sinceridad; expresado de otro modo, con naturalidad. Persiguiendo esta premisa es preciso reiterar ¿cuál es la finalidad de la función pública?, que sin dudas nunca ha sido otra, más que, la de garantizar la dignidad de las personas; sus libertades sociales, que significa salvaguarda de derechos humanos, fundamentales y medioambientales.
Es por ello, que la persona trabajadora cada día debe ofrecer servicios amparados en valores universales, como el respeto, la cortesía, empatía y honestidad. Servicios accesibles, oportunos y gratuitos desde las distintas instituciones públicas.
De igual forma, brindar servicios siendo leal a la institución donde se gestionan; en la que nos eligió para servir a la población. Asimismo, comprometidos con nuestras funciones, como forma de generar bienestar en la sociedad, acción que significa propiciar paz y felicidad a las personas. Ese es el propósito de la función pública, ser gestionada pensando en las necesidades de las personas, amparada en la buena norma.
Porque la responsabilidad nodal de la persona trabajadora o servidora pública, siempre será proteger la dignidad humana, la igualdad y la seguridad. Así como, el honor, la intimidad y demás libertades públicas, con el firme propósito de fortalecer la democracia plena en nuestro Estado social y democrático de derecho, como lo instituyó la Constitución de 2010.
Por eso, la persona servidora pública en el presente, tiene que tener un perfil cimentado en valores y el mérito profesional. Ser honesta, responsable, confiable, anticipada, orientada al cambio y autoiniciado en diversas situaciones. Es decir, proactiva y con compromiso social, porque tiene que entender la realidad que vive la población. Solo así podemos hacer aportes para alcanzar la eliminación de desigualdades sociales, de la pobreza y combatir de manera efectiva la corrupción administrativa.
¡Procrastinar nuestras funciones y servicios no tiene cabida en este siglo!, esto así, porque la calidad de las normas y el modelo de atención nos obliga a ser más oportunos y ágiles, a trabajar en equipo y con sobrada integridad, para fomentar confianza y captar cada día mayor número de colaboradores en la sociedad.
El compromiso social es la responsabilidad social, y cada persona trabajadora debe desarrollarlo con su institución y comunidad. Esto se traduce en la búsqueda voluntaria del bienestar general por encima del particular. Debido a que, en el modelo de gestión pública u organización institucional del presente, de este Siglo XXI, prevalece la visión de las personas usuarias en las actividades de las propias instituciones.
Por tanto, está pensado en la ciudadanía, como forma de entregar servicios óptimos, eficientes y efectivos a toda la población; vía principal para propiciar el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Sencillamente la buena administración pública se expresa en el bien hacer, estrategia que lleva a la población a alcanzar el valioso y necesario derecho a la paz y a la felicidad laboral.
Teniendo como vehículo nuestro don o vocación de servicio, que habla del fortalecimiento de otro derecho: la educación, designada por el escritor, Mann, Horace, como la gran plataforma para conseguir igualdad entre los seres humanos. Entonces hablamos de gestionar de forma proactiva, de trabajar en alianza; coordinados; en base a planificación, previos diagnósticos en los que identificamos fortalezas y debilidades institucionales, para de manera sistemática optimizar la forma de ofrecer los servicios a las personas. Su calidez, calidad y humanización.
De forma que, sean cada día más pertinentes, inclusivos y transparentes en la democracia participativa que vivimos. Siempre en pro de garantizar la dignidad humana y sus pilares: el honor, la libertad y el patrimonio de las personas… ¡Así también se salvaguarda el derecho a la buena administración en nuestra nación!
En síntesis, la función pública debe accionarse resolviendo cada día los conflictos que llegan a nuestras oficinas, siempre a tiempo; regidos por la ética, valores, como la imparcialidad, credibilidad y pertinencia. Haciendo ágiles los trámites burocráticos; promoviendo la convivencia pacífica y la participación social, para fortalecer la conciencia colectiva de lo que implica nuestra función; el cumplimiento de la misión, visión, valores, ejes estratégicos, identificar derechos y contribuir a su garantía. Además, que la persona usuaria cumpla sus deberes para con cada institución pública, con la sociedad.
Pero debe tener como soporte códigos deontológicos, para contribuir a fortalecer los ejes estratégicos del Estado dominicano, como la justicia social oportuna e inclusiva, mediante el cumplimiento de las reglas y la rendición de cuentas.
Al mismo tiempo, que cumplimos y fortalecemos nuestro accionar en la función pública, en las instituciones del Estado, debemos difundir logros o acciones de bien hacer, para generar confianza, de modo que las personas identifiquen cómo se les garantiza su dignidad, y puedan vivir en paz y felicidad. Partiendo de la triple función que posee, es un valor, un principio primordial de la función pública y, además, un derecho fundamental, humano o inherente a todas las personas.
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