El gobierno debe cumplir el Acuerdo firmado con la ADP hace 9 meses. Es un acuerdo realizable, necesario y altamente simbólico.
Tres razones lo hacen un acuerdo excepcional: primero, se firmó un 30 de junio, ¡día nacional del magisterio!; segundo, se firmó en un lugar especial, ¡el Palacio Nacional!; y tercero, había un testigo de excepción, ¡El presidente de la República! No tiene precedente.
El Presidente de la República está comprometido con esto. Él llamó, hace poco, al presidente de la ADP en plena sesión del Comité Ejecutivo Nacional, confirmando que el acuerdo se va a cumplir, que se trabajará el proceso con el Ministro. Y luego dijo públicamente que estaba dispuesto a mediar en el impasse.
Señor Presidente, hay que cumplir ese acuerdo. El acuerdo responde a obligaciones del Estado con la escuela de la República, que es la escuela pública.
El acuerdo revive el compromiso constitucional con la calidad de la educación pública, con el bienestar estudiantil, con el bienestar magisterial, con la demanda de la sociedad dominicana.
Tiene 8 capítulos empezando por la calidad educativa. Pero no la sesgada “calidad” según los grupos corporativos dedicados al lucro y al negocio en educación, sino la calidad referenciada en los 13 parámetros que la Ley General de Educación concibe en los artículos 58 y 59, cónsonos con el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana.-
No solo cumplir con el reajuste salarial necesario y estipulado en el numeral 4.6 del Acuerdo, sino cumplirlo completo en los calendarios previstos.
Cumplir la Ordenanza 02-2019 que reordena los tiempos lectivos en la jornada escolar extendida, para que los docentes almuercen libres de cargas, de manera que la carga docente se equilibre en 30 horas clase y 10 horas para que los docentes planifiquen, administren evaluaciones y registros, reflexionen su práctica educativa, reciban la familia que esperan en el centro… o apoyen una sala de tarea.
Existiendo un voluminoso registro de elegibles docentes, luego del dilatado y accidentado concurso de oposición, que se asigne y llegue a los centros educativos todo el personal docente necesario por áreas curriculares, talleres complementarios en cumplimiento del 30-10.
Directores de distritos, directores de centros y las seccionales de ADP deben hacer verificable ese proceso, en aras de mejorar los procesos escolares y el bienestar laboral docente. Pero, claro, estos funcionarios tienen que funcionar y tener más autonomía en su territorio; estos funcionarios y dirigentes de ADP tienen que conocer el Acuerdo e identificarse con el mismo, tiene que haber armonía, y no disonancia.
Que se cumpla con la Orden Departamental 43-2019, para una gestión legal, humana, razonable y justa de las licencias por las razones que sean. ¡Los y las docentes con licencia no deben pagar sustitutos! Para eso hay un fondo, y se crea -con la Orden Departamental 43-2019-, el banco de sustitutos y el procedimiento administrativo para su contratación y pago.
Es un abuso oficial que una docente parturienta tenga que financiar el Ministerio Educación pagando con su salario un sustituto. Debe ser al revés, la maestra que va a parir debiera recibir un bono de maternidad, porque antes, durante y después del parto aumentan sus gastos personales.
El condicionamiento y mantenimiento de la infraestructura escolar; los servicios de agua corriente, agua potable, sanitario y electricidad; la provisión de insumos y medios educativos ¡es un grito en los 122 Distritos Educativos del país! Eso lo sufre cientos de miles de estudiantes y sus respectivas familias, eso entorpece los rendimientos escolares, porque interrumpe, incomoda. La merienda y almuerzo escolar o no llega todavía en muchos lugares o llega insuficiente (y muchas veces de pésima calidad).-
Señor Presidente, Señor Ministro, ¿Cuál es el problema para el cumplimiento del Estatuto del Docente? ¿Con la dignificación docente? ¿Con la Carrera Docente? El Acuerdo lo que hace es recoger lo que está en la legislación educativa vigente: el artículo 63.5 de la Constitución de la República, los artículos del 126 al 158 de la Ley General de Educación, el Decreto 639-03, la Ordenanza 13-2013.
¿Van a seguir enviando a las ARS privadas el nuevo personal de Educación, para destruir el SEMMA? ¿Hay recursos para el negocio privado de la salud y escasez para los servicios de salud del magisterio y sus dependientes? Ese es un dilema a resolver frente al Acuerdo, que por demás es una obligación de Estado.
Igual, hay proteger el plan de retiro docente. Al INABIMA hay que blindarlo de la angurria y voracidad privada de los banqueros y sus AFP.
El salario, Señor Presidente, es un punto crítico. El salario es un componente muy importante del bienestar magisterial. Dados los bajos salarios en la República Dominicana, se piensa que el salario de la maestra es una gran cosa. Resulta que del salario de la maestra cuelga una carga familiar y social pesada precisamente por la ausencia de seguridad social para el pueblo dominicano. Del salario de la maestra depende toda su familia: la propia, sus envejecientes padres que el Estado ha soltado en banda, y cuyo seguro médico y medicinas es carísimo; a veces hasta sus hijos mayores que todavía estudian y no tienen empleo, y ¡y en algunos casos hasta sus nietos!
El salario profesional docente no debe reducirse a la canasta básica para comer arroz y habichuelas…; el salario docente debe ser decente. Debe contener además de la canasta básica del quintil correspondiente, debe contener el costo de la canasta cultural, esto es, acceso al libro, a la revista, al arte, a la ciencia, la tecnología, equipos, impresoras, data y telefonía permanente. Vivienda digna, realización y desarrollo profesional para servir mejor al país desde la escuela.
La inflación acumulada entre los años 2019, 2020, 2021 y la proyectada para el 2022 superan el 35%. ¿Qué tiene de malo que el magisterio solicite un modesto 25%? ¿Por qué hay que esperar a gastarse los pies y desgañitarse en las calles gritando por algo tan razonable? ¿De dónde le sale al Ministro ofrecer un 7%? ¿No es eso una provocación? ¿No es eso un sabotaje a la escuela de la República?
Vamos a cumplir, vamos a honrar la palabra, vamos a honrar el texto, vamos a cumplir el acuerdo.
Vamos a honrar lo jurado al asumir el cargo público: de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las obligaciones de Estado.
Entre, Señor Presidente.
Miguel Ángel Fernández
Miembro del Secretariado Nacional de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte,
y del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP
3 de abril 2022
