Con frecuencia escuchamos que la democracia dominicana es la más costosa del mundo. La opinión pública aboga por reducir el número de legisladores para que el Estado se ahorre el dinero de sueldos y múltiples beneficios que reciben. En resumen, la propuesta es convertir los dos cuerpos legislativos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en un congreso unicameral o asamblea, alineándose con los países que buscan tener legislaciones más ágiles.
Además de los costos del congreso, tenemos el «barrilito» y el «cofrecito», una especie de donación mensual para dádivas a militantes y simpatizantes partidarios. Pero no nos detengamos ahí; echemos un vistazo a la Junta Central Electoral (JCE), encargada de organizar y supervisar las elecciones nacionales, que incluye a la población dominicana en el exterior. La JCE tiene también la importante función de entregar y administrar los cuantiosos recursos que aporta el Estado para que los partidos políticos realicen sus actividades sin la intromisión de dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La intención de la ley que rige la materia es blindar a las agrupaciones, organizaciones y partidos políticos para que no se vean permeados de dinero sucio, procedente de fuente ilícita. Sin embargo, a simple vista, esta legislación no ha logrado su objetivo. Durante las elecciones municipales del 18 de febrero, fue tanto dinero que recibieron los partidos de todos los lados que quedó claro que los principales partidos compraron cédulas al por mayor y detalle para forzar la abstención del elector, es decir, una persona sin cédula no puede votar porque ya vendió su documento. La compra de cédulas se realiza ya sin el menor pudor. Antes, el vendedor de su documento tenía cierto recato e intentaba guardar las apariencias, pero ahora no, pues ya tanto el que vende como el que compra lo realizan de forma descarada.
Dado el derroche de dinero que implica cada campaña electoral hay que repensar si se mantiene vigente el esquema o si se modifica en beneficio del ahorro de recursos económicos y una mejor organización del territorio nacional.
Ahora que estamos de frente a las elecciones congresuales y presidenciales, será como un choque de patanas: dos partidos con grandes experiencias y enormes cantidades de recursos contra uno y sus 22 satélites que están disfrutando de muchos recursos y de las mieles del Poder.
En definitiva, la situación política en la República Dominicana demanda una profunda reflexión y acción. La ciudadanía clama por reformas que reduzcan la excesiva carga económica del sistema democrático y combatan la corrupción electoral.
Es esencial considerar medidas que promuevan la transparencia, la eficiencia y la equidad en el proceso electoral. Sólo así se podrá garantizar una democracia más sólida y representativa para todos los dominicanos.
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