El patricio Juan Pablo Duarte Diez concibió el poder municipal como el primer poder del Estado Dominicano, sin embargo, el artículo 4 de la actual Constitución de la República establece la organización política y jurídica del Estado, la cual se divide en tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dentro de la jerarquía constitucional, el Legislativo constituye el primer poder del Estado.
El sistema democrático de un país y su gobernanza se fortalecen cuando los poderes del Estado están distribuidos y dirigidos por diferentes partidos políticos, ya que de esta manera se produce un verdadero equilibrio político. Cuando dichos poderes están concentrados en un solo partido, el gobernante, esto representa un verdadero peligro para el funcionamiento de la democracia y para la institucionalidad del país, pues prácticamente se genera una cuasi dictadura.
Independientemente de las razones que prevalecieron para la conformación de la denominada Alianza Rescate RD, parecería que sus líderes no le dieron la connotación ni la importancia que amerita el Poder Legislativo en estos tiempos. Todavía se está a tiempo, si existe una verdadera voluntad política de colocar los intereses del país por encima de los personales y partidarios, firmando un “pacto de caballeros” para tratar de obtener el control del primer poder del Estado Dominicano.
Todo parece indicar que no se previó que las elecciones congresuales a celebrarse el próximo 19 de mayo, serán cruciales y trascendentales para nuestro país, porque cualquiera de los candidatos que sea electo presidente de la República, tendrá que someter al Congreso Nacional una Reforma Fiscal Integral de inmediato, ya que la misma está contemplada en la Ley 1-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual ha sido postergada por todos los gobiernos anteriores.
Dicha alianza debió contemplar desde el principio la obtención de la mayoría de escaños, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados para poder tomar las decisiones más apremiantes y atinadas sobre dicha reforma, obligando al gobierno a tomar las decisiones que beneficien al país y a los sectores más desposeídos de la sociedad. Para ello se debió conformar una alianza monolítica en el Distrito Nacional y en las 31 provincias del país, sobre todo, en las de mayor población.
Lamentablemente en siete provincias, entre ellas Santiago de los Caballeros y San Cristóbal, los partidos que conforman la misma llevan candidaturas individuales, que para poder competir y triunfar sobre las candidaturas oficialistas de dichas provincias, por la gran cantidad de recursos que el gobierno les está otorgando, tendrán que emplearse muy a fondo. De no lograr dicha alianza una mayoría congresal, la Reforma Fiscal será aprobada por debajo de la mesa en el Congreso Nacional. La misma tendrá un alto costo económico y social para el país en el futuro inmediato y probablemente, también, un alto costo político para los partidos de la llamada Alianza Rescate RD. Ojalá esté equivocado.
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