El señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, hace unos días depositó en el Congreso Nacional un proyecto de reformas a la Constitución de la República, el cual consta de cuatro objetos principales:
1) garantizar una supuesta estabilidad constitucional para la elección presidencial, evitando futuras modificaciones para estos fines.
2) Buscar la autonomía constitucional del Ministerio Público.
3) Unificar las elecciones presidenciales, municipales y congresuales
y 4) Ordenar la cantidad de los representantes de la Cámara de Diputados.
Estos son los supuestos candados que el Presidente Abinader quiere colocarle a nuestra constitución.
En cuanto al primero de los objetos propuestos, lo consideró como improcedente, pues la propia constitución ya está protegida o blindada en su artículo 124, el cual establece: “El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”. Al Congreso Nacional es quien corresponde evitar la modificación a la Constitución para estos propósitos.
En cuanto al segundo objeto, con la excepción del Procurador General de la República, que es designado por el Presidente de la República, modelo que aún prevalece en muchos países del mundo donde existe un gran fortalecimiento institucional, como en los Estados Unidos de Norteamérica, el Ministerio Público goza de autonomía constitucional para la toma de decisiones en la administración de la justicia; considero que debe modificarse la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los jueces de los distintos tribunales.
Sobre el tercero de los objetos señalados, considero que las elecciones, tanto municipales como congresuales, deben mantenerse separadas de las presidenciales, pero no por 3 meses como están en la actualidad, sino, por 2 años, como estaban pautadas hace antes, para evitar así el arrastre de los funcionarios electos, tal como sucedió en las pasadas elecciones de mayo 19, lo que en nada contribuye al fortalecimiento democrático e institucional del país. La democracia tiene un alto costo que todos debemos pagar.
Cuando hay un espacio de dos años ocurren acontecimientos que pueden determinar que el electorado valore a los funcionarios públicos de manera distintas, variando su decisión y sustituyéndolos por otros, lo que hace que las elecciones sean más legítimas. Tres meses de diferencia entre las municipales, las presidenciales y las congresuales es muy poco tiempo para que se produzca un cambio de opinion en el electorado.
En cuanto al cuarto objeto presentado, como legislador que he sido, considero correcta la decisión de disminuir el número de diputados, porque con la cantidad actual (190), además del alto presupuesto que hay que asignarles, dicha matrícula hace que las funciones de la Cámara de Diputados resulten inoperantes, deficientes e inoportunas.
Los partidos y las organizaciones políticas deben escoger a candidatos que tengan formación política, que sometan propuestas de interés para el país y para sus comunidades; la mayoría no conoce cuáles son sus funciones, pues solo se preocupan por obtener canonjías y beneficios personales; en ningún momento se dedican a cumplir con las funciones de un verdadero legislador, como son las de legislar, representar y fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. Desgraciadamente a dichos partidos solo les interesa ganar esas posiciones para obtener una mayoría mecánica, de ahí que escojan en gran medida a personas ligadas a los juegos de azar y al bajo mundo. No es verdad que una gran cantidad de diputados, como la actual, beneficia y fortalece a la democracia y al sistema de partidos, todo lo contrario, lo debilita, pues esto solo favorece al clientelismo político.
En nuestro paso por el Congreso Nacional, pudimos observar que por intereses políticos y partidarios, muchos proyectos de leyes de interés nacional, se dejan que duerman el sueño eterno en ambas cámaras legislativas, logrando que los mismos periman en varias legislaturas. Luego, por presiones de la sociedad civil, son conocidos al vapor, aprobándose un mamotreto de “ley posible”, la cual debe ser modificada poco tiempo después..
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