En los últimos 60 años, pero nunca como ahora, en nuestro país se viene aplicando una política de doble moral con relación a la contratación de haitianos indocumentados. Es de todos conocido que el Estado dominicano, en todos los gobiernos de turno, todas las grandes obras públicas, así como las labores del corte de la caña de azúcar en los diferentes ingenios azucareros del otrora Consejo Estatal del Azúcar (CEA), han sido realizadas utilizando la contratación de la mano de obra haitiana indocumentada.
Todas las labores de las diferentes plantaciones agrícolas (arroz, plátanos, guineos, cacao, piña, hortícolas, vegetales orientales, entre otros); granjas avícolas y porcinas; las grandes construcciones privadas; la servidumbre en los hoteles de las zonas turísticas, los servicios domésticos y conserjería, hace tiempo que vienen siendo realizadas, en gran medida, por la mano de obra haitiana indocumentada. La misma es preferida por los bajos salarios que se pagan con relación a la dominicana, para no cargar con la responsabilidad de incluirla en la Seguridad Social, que debe ser cubierta de acuerdo a la Ley número 87-01, ni con el pago de las prestaciones laborales. El Código Laboral, Ley 11-92, en su Art. 135, ordena que por cada 100 trabajadores contratados, por lo menos el 80 % deben ser dominicanos, pero esto nunca lo ha cumplido el propio Estado ni el sector privado.
En estos momentos la Asociación Dominicana de Productores de Bananos del Noroeste del país está solicitando permiso para la contratación de 250,000 nacionales haitianos para ser utilizados en sus proyectos agrícolas, con el objetivo de bajar los altos costos de producción que están teniendo. Esto es, para aprovechar el bajo salario que pagan, obviar las demás obligaciones laborales y legales que deben cumplir y que el Estado dominicano, como siempre, se encargue de la seguridad social.
Desgraciadamente, estos se quedan deambulando por nuestras calles y campos de manera ilegal, aumentando una serie de males sociales que afectan al país, como son los problemas de salubridad, educación, vivienda, empleos, seguridad ciudadana, medio ambiente, alimentación, etc., además, soportar la presión de la comunidad internacional para que les reconozcan, sin tenerlos, todos sus derechos.
Los empresarios privados tienen el derecho a contratar mano de obra extranjera, siempre y cuando cumplan con las leyes laborales, con la seguridad social y que sean responsables con su ubicación, estadía en el país hasta el día en que culminen sus contratos de trabajo. En épocas anteriores, con los obreros de los ingenios, estos eran devueltos a su país luego de concluida la zafra azucarera.
Según el Ministro de Agricultura actual, señor Limber Cruz, sin la mano de obra haitiana no sería posible la producción arrocera, así como la de otros rubros. Lo mismo había expresado el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) de la administración anterior, ing. Diandino Peña, que sin esta mano de obra, no se podía construir el Metro de Santo Domingo. Estas expresiones coinciden con el estribillo de una canción que reza:” ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedios, contigo porque me mata y sin ti porque me muero”.
Seamos sinceros, honestos y dejemos de aplicar una doble moral en lo referente a la contratación de la mano de obra haitiana indocumentada. Tanto el Estado dominicano como el sector privado lo que deben hacer es transparentar la contratación de esta, conjuntamente con la Dirección General de Migración, con los Ministerios de Las Fuerzas Armadas, de Trabajo y el de Relaciones Exteriores. Se debe establecer el tiempo de permanencia en el país, su ubicación así como la realización de una debida inteligencia y que sean responsables con la seguridad social y con el Código de Trabajo.
El Estado dominicano no debe seguir cargando con la responsabilidad de la seguridad social. Debe aplicar un régimen de consecuencia a los que no cumplan con las leyes. Lo que hace falta es voluntad política.
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