Desde que asumió la presidencia de la República Dominicana, Luis Abinader ha mostrado una gran disposición para escuchar a todos los sectores de la sociedad, en un contexto donde los mandatarios tradicionalmente han tomado decisiones que, aun afectando a la población más vulnerable y generando disconformidad, no echan hacia atrás sus disposiciones.
Ejemplo de esto lo vivimos durante los gobiernos del PLD, donde se tomaron decisiones polémicas que generaron grandes controversias, ignorando el sentir popular y debilitando la democracia mediante el control de instituciones como las Altas Cortes, la Junta Central Electoral, y la Cámara de Cuentas, siendo todas ocupadas por miembros tanto del comité político como del central del PLD durante varios períodos. Por más que la población protestó, se ignoró su reclamo.
Esta estructura de poder desató un nivel de corrupción institucionalizada en varias entidades, cuyos representantes están hoy siendo acusados de depredar el erario. Incluso, los tentáculos de la justicia han alcanzado a familiares del expresidente Danilo Medina Sánchez, como evidencia de esta corrupción, varios exfuncionarios han devuelto parte de los fondos sustraídos. Por ejemplo, en el caso Coral, César Félix Ramos Ovalle devolvió 18 millones, Francisco Pagán 100 millones, Bolívar Ventura 25 millones, mientras que Wilfredo González devolvió 4 millones. Esto solo por citar un caso.
Aunque parecería que la corrupción es una cultura inamovible en el país, el actual presidente ha dado señales claras de no tolerarla en su administración y ha mostrado apertura para modificar decisiones importantes tras recibir críticas de diversos sectores. Sería oportuno preguntarse si estamos ante un gobierno que no madura (improvisa) sus decisiones o ante el reflejo de un liderazgo flexible y enfocado en responder a los intereses y necesidades de la ciudadanía.
Uno de los primeros casos, fue la propuesta de aumento de impuestos al inicio de su mandato en el proyecto del presupuesto del 2021, donde se propuso un paquete de reformas tributarias que incluía posibles aumentos de impuestos y la eliminación de algunas exenciones fiscales. Sin embargo, ante la reacción negativa de la población y sectores empresariales, Abinader decidió retirar la propuesta y mantener la carga fiscal.
Otro caso importante ha sido la Reforma de la Policía Nacional. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad y profesionalizar la policía, han surgido controversias debido a casos de corrupción y violencia policial, teniendo el gobierno que retirar el contrato al importado asesor, tras este sufrir varios enfrentamientos con la cúpula del cuerpo uniformado. La asignación de montos millonarios a universidades para programas de formación también generó críticas, a sabiendas de que se necesita una gran transformación policial.
Durante la pandemia de la COVID-19, las medidas restrictivas, como el toque de queda y las limitaciones de movilidad, generaron resistencia y tuvieron que ser flexibilizadas antes de lo previsto, debido a protestas y críticas de los ciudadanos, quienes alegaban que se les estaba limitando el derecho al libre tránsito.
Sin dudas, una de las leyes más controvertidas en el primer periodo presidencial de Abinader fue la Ley de Extinción de Dominio, destinada a confiscar bienes de origen ilícito. La ley enfrentó una avalancha de críticas debido a su interpretación y alcance, lo que llevó a realizar ajustes para limitar su aplicación, requiriendo modificaciones legislativas y nuevas discusiones en el Congreso.
En 2022, varias decisiones generaron gran nerviosismo e incertidumbre, primero la propuesta de recorte presupuestario en educación, segundo el aumento de la tarifa eléctrica para reflejar costos operativos y tercero la propuesta de fideicomiso para la planta termoeléctrica Punta Catalina, la cual suscitó preocupación por una posible privatización, provocando resistencia en sectores que consideraban la planta un activo estratégico. Todas estas medidas fueron retiradas después de recibir objeciones de diversos sectores.
En un esfuerzo por regularizar la situación laboral de trabajadores haitianos en zonas limítrofes, el gobierno propuso un carnet especial, pero la iniciativa fue criticada por quienes consideraban que podría abrir puertas a una regularización masiva de inmigrantes.
En lo que va de este año 2024, varias decisiones y proyectos de ley han sido retirados o modificados después de generar reacciones adversas. Entre ellas se encuentran: La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), La Reforma Fiscal y La Ley de Publicidad Estatal. Recientemente, la circular enviada por el Ministerio de Administración Pública solicitando a los servidores públicos que presenten comprobantes de pago de servicios públicos también ha generado rechazo, ya que se percibe como una violación a la privacidad y a los principios de legalidad y proporcionalidad.
En respuesta a esta circular el abogado Manuel Mateo Calderón cataloga la medida de inconstitucional, ya que según precisa se violan los artículos 40 y 44 de la constitución. Al respecto, Abinader se refirió al tema en la Semanal, donde aclaró que la medida no es obligatoria.
La capacidad del presidente Abinader para retractarse de varias decisiones podría interpretarse como una señal estratégica de un gobierno que escucha al pueblo y evalúa las consecuencias de sus acciones. Por su parte, la experta oposición debería capitalizar estas indecisiones o inseguridades del gobierno y salir en defensa del pueblo, sin embargo, se podría decir que estas cosas pasan por desapercibidas en una oposición que ha quedado en descrédito ante la opinión pública, dando la oportunidad a que este enfoque sea visto como la puerta a un abanico de negociaciones que optimizarían los objetivos gubernamentales.
Luis Abinader ha demostrado un enfoque de gobernanza caracterizado por su disposición al diálogo y la apertura para ajustar decisiones en respuesta a las demandas de la población. Este estilo de liderazgo fortalece su conexión con los ciudadanos y fomenta un modelo de gobierno basado en la consulta pública y en la adaptación a las circunstancias. Este enfoque no solo refleja un compromiso con los valores democráticos, sino también una estrategia pragmática para garantizar estabilidad y apoyo social.
En conclusión, lo que podría interpretarse como una debilidad del actual gobierno, se traduciría como una forma de administrar un estilo de gobernanza innovador y centrado en la escucha activa, así como la inclusión de todos los sectores de la vida nacional, lo que contribuye a preservar la democracia, aun cuando las opiniones difieran del enfoque gubernamental.
