Como maestrante de la carrera de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Francisco de Macorís, observo con nostalgia y profunda preocupación el deterioro que sufre hoy el ejercicio comunicacional en nuestra sociedad. Basta con sintonizar cualquier canal local para ver cómo personas sin la más mínima preparación, algunas incluso sin dominio del lenguaje escrito, ocupan espacios televisivos que deberían ser utilizados con responsabilidad y profesionalismo.
La Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, data del año 1962. Es evidente que en un contexto democrático moderno y con los avances tecnológicos y comunicacionales actuales, dicha legislación necesita una reforma que garantice un equilibrio entre la libertad de expresión y el ejercicio responsable de la comunicación. Por eso apoyo firmemente el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.
No se trata de imponer una “mordaza” a la prensa, como algunos han afirmado de forma ligera o por intereses particulares. Se trata de ordenar un escenario que hoy es tierra fértil para la improvisación, la manipulación y, en muchos casos, la impunidad. La libertad de expresión es un derecho constitucional, sí, pero como todo derecho, no es absoluto: está sujeto a límites éticos y legales.
Resulta alarmante ver cómo algunos programas de televisión son dirigidos por individuos vinculados a sectores del bajo mundo, que utilizan estas plataformas como escudos para proteger intereses oscuros o como trincheras para atacar a quienes representan valores éticos. Muchos de estos llamados “comunicadores” no poseen formación profesional en el área, pero ocupan micrófonos y cámaras gracias a conexiones y financiamientos turbios.
Es indignante que un joven estudiante dedique años de su vida a formarse académicamente en Comunicación Social y luego tenga que servir de asistente o “segundo plano” de alguien sin preparación, pero con los “contactos” necesarios para tener presencia mediática. ¿Hasta cuándo permitiremos que se pisotee el valor del conocimiento, la ética y la verdadera vocación comunicacional?
Así como para dirigir un centro de salud se exige un título en medicina, así también debería ser obligatorio que quien conduzca o dirija un programa de televisión o radio cuente con una licenciatura en Comunicación. Esto garantizaría un mínimo de rigor, ética y responsabilidad en la conducción de los medios.
Debemos alzar nuestras voces. Es hora de apoyar esta reforma que busca profesionalizar el ejercicio comunicacional, ordenar el ecosistema mediático y elevar la calidad del contenido que recibe la población. Como comunicadores, locutores y ciudadanos responsables, no podemos seguir siendo cómplices silenciosos de esta deformación del noble oficio de informar.
Unidos somos más. La dignificación de la comunicación nos necesita a todos.
Lic. Juan Luis Sierra Difó
es abogado y maestrante en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, UASD, Recinto San Francisco de Macorís
Miembro del Colegio Dominicano de Locutores (CNEPR) #23176
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