El señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona hace algunas semanas se reunió en el Ministerio de Defensa (MIDE), con los ex presidentes Leonel Fernández Reyna, Danilo Medina e Hipólito Mejía, en cuyo encuentro dejaron despejado el camino para tratar de buscarle una salida de consenso a la crisis generada en nuestro país por
la gran inmigración de indocumentados haitianos.
Esta situación se ha originado por la ola de violencia que prevalece en Haití y por la grave crisis económica, política, social e institucional que lo sacude, que se ha incrementado luego del magnicidio cometido contra su presidente, Joven El Moise.
Este diálogo será llevado al Centro Económico y Social (CES), con la participación de todos los sectores y organizaciones que forman parte de este importante organismo, pues lo que está sucediendo en ese país está repercutiendo en el nuestro.
A esto se añade la presión ejercida por sectores agrícolas y de la construcción de nuestro país para que sean regularizados unos 15 mil nacionales haitianos indocumentados, argumentando que sin esa mano de obra haitiana no habrá agricultura, principalmente, la cosecha de arroz y que la construcción de las obras públicas y privadas se paralizarán.
Estos argumentos han sido refrendados por el propio ministro de Agricultura, Limber Cruz, el cuál utiliza a cientos de haitianos indocumentados en sus fincas, al igual que otros funcionarios del gobierno.
Es de todos conocidos que la mano de obra haitiana indocumentada es preferida sobre la dominicana, porque se le paga un menor salario, no se entregan las prestaciones laborales, no se cumple con el pago de la Seguridad Social ni con los impuestos, así como con el artículo 135 del Código Laboral, que exige que por cada 100 trabajadores, por lo menos 80 deben ser dominicanos, (80/20).
Esta situación se complica porque cada trabajador haitiano indocumentado carga con sus hijos y su mujer, los cuales utilizan nuestras maternidades para parir y nuestras escuelas para educarse.
Como no existe ningún tipo de control por la Dirección General de Migración (DGM) ni de los ayuntamientos, los mismos se quedan en nuestro país para siempre, deambulando por nuestras ciudades y campos, pues no son repatriados a su país, luego que concluye la zafra o el contrato de trabajo, como ocurría en otrora.
Considero que el empresario que utilice la mano de obra indocumentada haitiana debe ser responsable de ella; debe tener un control absoluto de su ubicación, cumplir con sus responsabilidades legales y económicas ( pago de sus prestaciones laborales, seguridad social, viviendas, gastos médicos, partos, alimentación, impuestos, educación de los hijos), entre otras.
El Estado dominicano no puede seguir cargando con responsabilidades ajenas, tirando por la borda gran parte del presupuesto destinado para atender las necesidades de todos los dominicanos, haciendo más ricos a sectores poderosos y más vulnerables a los pobres .
Esto no es un asunto de zenofobia, discriminación racial ni violacion a los derechos humanos, es un derecho que nos asiste y nos exige nuestra constitución, como todo un país libre y soberano, tal como proceden los países que integran la llamada comunidad internacional, de la cual Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea forman parte. Que así sea.
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