El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), reclamó la realización de una investigación sobre la muerte de un empleado de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), quien falleció tras sufrir la ruptura de la vesícula biliar, siendo conducido por una unidad del 911 al Centro Médico Moderno, donde le exigieron el pago de diez mil pesos por la atención de emergencia, debido a que su empleador no estaba al día con los pagos del Plan de Salud del Régimen Contributivo del SENASA.
ONPECO se refiere al caso de Luis Rodríguez, de quien señala perdió la vida después de ser rechazado en el centro privado y trasladado posteriormente al hospital Padre Billini, desde donde fue enviado a su casa bajo el argumento de que no había camas disponibles, a pesar de presentar un cuadro de dolor intenso y evidente gravedad.
Luis Rodríguez, también reconocido dirigente comunitario en el sector presidente Caamaño (antiguo Los Tres Brazos), falleció finalmente en su hogar, exponiendo la entidad que la situación demuestra que su estado requería atención inmediata y fue desatendido por los centros que debieron salvarle la vida.
Recordó que el dolor abdominal comenzó mientras se encontraba en su lugar de trabajo y acudió en busca de auxilio tanto a un centro de salud privado como a uno público, sin lograr recibir la atención médica que necesitaba para preservar su vida.
ONPECO advirtió que no se trata de un caso aislado, sino que, en repetidas ocasiones, ciudadanos han denunciado la imposibilidad de recibir atención médica en hospitales públicos debido a la falta de camas.
Agregó que esta situación crítica se ve agravada por el hecho de que, sin «tener un enllave», es decir, sin contar con contactos o influencias, resulta muy difícil ser ingresado en un centro de salud público.
La entidad recordó que el derecho a la vida y a la salud, son derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar, pero que, sin embargo, en la práctica, estos derechos son violados diariamente, especialmente entre los sectores más pobres de la población.
ONPECO cuestionó que, en materia de políticas públicas, no exista una estrategia centrada en garantizar el acceso a la salud como prioridad nacional.
En cuanto a la crisis del SENASA, ONPECO señaló que muchas instituciones públicas no cumplen con sus compromisos de pago, lo cual explica por qué un empleado estatal fue rechazado por su seguro, considerando que este incumplimiento institucional constituye una negligencia grave.
Además, calificó como inaceptable que, tras pagar una suma tan significativa como los diez mil pesos exigidos en la emergencia, el paciente fuera igualmente rechazado y enviado a un hospital sin camas disponibles, lo que contribuyó a que muriera en su residencia sin recibir la atención que necesitaba.
ONPECO advirtió que la crisis no es exclusiva del SENASA, sino de todo el sistema de salud, cuya inversión representa apenas el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), una de las cifras más bajas de la región.
Finalmente, la organización afirmó que el país necesita con urgencia una reingeniería integral del sistema de salud, que coloque en el centro de las políticas públicas la salud y la vida como derechos inalienables de todos los dominicanos.
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