No podemos seguir analizando la criminalidad en San Francisco de Macorís únicamente desde una óptica policial o represiva, como plantean algunos críticos. El senador Franklin Romero acierta al señalar que la inseguridad no es un fenómeno aislado, sino el resultado de décadas de desigualdad, exclusión y abandono social.
Quienes hoy responsabilizan solo a la Policía o al Estado por la violencia olvidan que existe una deuda social acumulada con nuestra gente: barrios enteros sin oportunidades, jóvenes condenados al desempleo y familias fragmentadas por la pobreza. Esa es la semilla de la criminalidad, y pretender resolverla solo con “mano dura” es repetir el mismo error histórico que nunca nos sacó del círculo de violencia.
Las estadísticas que muestran una disminución en la criminalidad no deben verse como un maquillaje, sino como un reflejo de un esfuerzo por atacar la raíz del problema. La transformación social no se logra de la noche a la mañana; requiere tiempo, políticas públicas inclusivas y, sobre todo, voluntad de cerrar la brecha entre los que tienen demasiado y los que apenas sobreviven.
El verdadero debate no es si bajaron o no los delitos la semana pasada, sino si como sociedad estamos dispuestos a construir un modelo más justo, donde el Estado cumpla su rol de redistribuir la riqueza y garantizar derechos básicos: educación, empleo digno, salud, vivienda y cultura. Solo así lograremos que un joven no vea en el microtráfico o en la violencia la única salida para su vida.
La provincia Duarte, como toda la República Dominicana, no necesita más discursos de desesperanza. Necesita reconocer que la inseguridad es hija directa de la desigualdad. Resolverla implica pagar esa deuda social acumulada con nuestro pueblo. Y en ese camino, el trabajo del senador y de todas las instituciones es indispensable, no para reprimir más, sino para transformar más.
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