En los últimos meses del presente año, la empresa distribuidora de apagones eléctricos del Norte-Edenorte, de forma abusiva y despiadada, ha incrementado de manera desproporcionada el valor de las facturas de la escasa energía eléctrica que penosamente distribuye, llegando alcanzar hasta tres veces el valor de los meses anteriores, lo que significa una burla, un descaro y un irrespeto a toda la población, pues en el periodo que más apagones han ocurrido, por tanto, en el que menos energía se ha recibido, es el de mayor valor facturado.
Lo que se creía una crisis ya superada, hemos vuelto a padecer de los rigores de una gran deficiencia energética, debido a la falta de prevención, de mantenimiento y de pago a los generadores privados, los cuales apagan los mismos si no se les paga, por lo que según los entendidos, la mayoría de los apagones son financieros.
En lo único que el administrador y director de Edenorte, y presumimos también, los de las demás Edes, han dado muestras de eficiencias y capacidad, es en el aumento de las facturas, el de sus sueldos y gastos de representación. Ante las quejas e indignación de los miles de ciudadanos por la alta facturación en medio de tantos apagones, la única respuesta que siempre se recibe es que esta obedece a la gran ola de calor que afecta al país en esta temporada, que hace que aumente la demanda de la energía eléctrica.
En realidad, estos aumentos desconsiderados, obedecen a los requerimientos de sus superiores, para que incrementen las recaudaciones en miles de millones de pesos, para tratar de cubrir los diferentes déficits económicos existentes en la institución, tratando de dar a entender, que son muy eficientes en sus funciones.
Todos los directores de las empresas distribuidoras de energía, consideran que los enormes cobros que realizan, es sinónimo de eficiencia y eficacia administrativa. Esta debe evaluarse por la calidad en los servicios suministrados y por el mantenimiento en tiempo real, los cuales, en estos precisos momentos brillan por su ausencia, pues se realizan de mal a peor.
De nada vale ejercer un derecho ciudadano de reclamar y demostrar que dicha facturación no responde a la realidad, pues los aumentos en las facturaciones continúan elevándose todos los meses.
En mi caso particular, después de acudir en tres ocasiones de manera infructuosa a la oficina de Edenorte en La Vega, sin lograr ser atendido, porque supuestamente el sistema se había caído, luego de esperar por largas horas mi turno, me exigen como requisito obligatorio, que para poder aceptar mi solicitud de reclamación, debo aplicarle a la última factura recién recibida y no vencida, el 67%, correspondiente al promedio de las tres facturas anteriores.
En otras palabras, además de soportar los vejámenes, los abusos del valor facturado de manera injustificada e irreal; de las molestias y malos monentos ocasionados, también nos obligan a financiar el pago de la próxima factura, para poder ejercer un derecho legítimo que nos corresponde a reclamar el cobro de un valor incorrecto.
Esta es una muestra de que en nuestro país el ciudadano común no tiene a dónde acudir ni quien le defienda sus derechos ciudadanos; no existe una institución que lo proteja ante los abusos de las propias instituciones públicas.
Cuando se acude a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), para hacer un reclamo por desacuerdo en el cobro del servicio eléctrico facturado, luego de agotar todo un proceso traumático, esta concluye que todo está correcto, por lo que al ciudadano no le queda otro camino que perder su tiempo, el dinero gastado, la indignación de no sentirse atendido ni protegidos sus derechos ante funcionarios indolentes e indiferentes y pagar lo facturado. “Que Dios nos coja confesados”
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