La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que permite el ingreso de personas homosexuales a la Policía Nacional ha reabierto un debate que no es meramente administrativo, sino profundamente jurídico y constitucional. Más allá de los argumentos de igualdad y no discriminación, principios que, sin duda, forman parte del núcleo duro del Estado democrático resulta imprescindible analizar esta decisión a la luz del ordenamiento constitucional vigente en la República Dominicana, particularmente cuando incide en instituciones cuya naturaleza se rige por principios de disciplina, jerarquía y cohesión interna.
La Constitución dominicana, en su artículo 55, reconoce expresamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Este enunciado no es accesorio ni decorativo; constituye un fundamento jurídico que orienta la interpretación del resto del sistema normativo en materia de familia, convivencia y políticas públicas que involucren la estructura social tradicional del país. Por ello, toda medida estatal o jurisprudencial que, directa o indirectamente, empuje hacia una redefinición de esa noción constitucional, debe ser examinada con un rigor especial.
En ese sentido, resulta imposible considerar como un hecho aislado la ceremonia simbólica de matrimonio entre dos personas del mismo sexo realizada recientemente en territorio dominicano por el ex embajador James Wally Brewster. Aunque carezca de efectos civiles, su impacto político y mediático es evidente. Ese acto, ocurrido en el preciso momento en que se discuten temas institucionales sensibles, se inserta en una narrativa más amplia que sugiere una presión constante por modificar conceptos y prácticas que la Constitución ha definido de manera clara.
El punto central de esta reflexión no reside en la dignidad o derechos individuales, que son inviolables y están plenamente protegidos por la Carta Magna. El cuestionamiento surge cuando decisiones judiciales y actos públicos con alta carga simbólica parecen avanzar hacia la imposición progresiva de criterios que no se corresponden con el diseño constitucional interno. Se corre así el riesgo de desdibujar la soberanía interpretativa del Estado dominicano sobre asuntos tan estructurales como su modelo de familia o sus normas institucionales.
La Policía Nacional, como órgano armado de carácter civil, requiere cohesión disciplinaria y estabilidad normativa. Introducir cambios de profundo contenido sociocultural sin una reflexión institucional amplia y sin mecanismos de consulta real puede generar tensiones innecesarias dentro de una entidad que ya enfrenta desafíos considerables. Si a esto se suma que el contexto está rodeado de señales públicas como la boda oficiada por Brewster que parecen desafiar abiertamente la definición constitucional del matrimonio, la percepción ciudadana de que se está forzando una a relectura del texto constitucional resulta inevitable.
En un Estado social y democrático de derecho, los cambios deben surgir del consenso nacional y del respeto escrupuloso al marco constitucional vigente. Por ello, cualquier transformación que pretenda tocar instituciones tradicionalmente regidas por nociones culturales claras, o que se aproxime a redefinir instituciones como el matrimonio, debe canalizarse mediante los procedimientos que la propia Constitución prevé, no mediante presiones indirectas ni vía interpretaciones expansivas que desplacen el sentido original del constituyente.
La República Dominicana debe avanzar, sí; pero avanzar dentro del marco de sus leyes, su Constitución y su soberanía normativa. Cuando las modificaciones institucionales se perciben como acompañadas de señales externas o simbolismos políticos, el resultado no es progreso, sino desconfianza. Y la confianza, especialmente en temas constitucionales, es un valor que no se puede permitir erosionar.
Discussion about this post