San Francisco de Macorís.– El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, anunció el jueves 08 de enero de 2025 ante el pleno del Senado de la República que reintroducirá el proyecto de ley que propone la castración química como sanción complementaria para agresores sexuales reincidentes, principalmente contra menores de edad, al advertir que el país enfrenta una “epidemia silenciosa” de abuso sexual infantil y un grave fracaso institucional en la protección de la niñez.
Durante una intervención cargada de emotividad, Romero afirmó que el Estado dominicano está fallando y que las consecuencias de esa inacción recaen sobre los sectores más vulnerables, especialmente los niños y niñas. “No vengo a hablar de cifras frías ni de números anónimos, vengo a hablar de vidas humanas destruidas”, expresó el legislador.
El congresista citó casos recientes que han conmocionado a la opinión pública, como el asesinato de un niño de nueve años en San Cristóbal en abril de 2025 y la muerte de otro menor de diez años en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, en septiembre del mismo año. Señaló además que los 59 feminicidios registrados el año pasado dejaron a 93 niños y adolescentes en la orfandad, expuestos a traumas y ciclos de violencia.
Romero sostuvo que la mayoría de los abusos sexuales infantiles no se denuncian, ya que ocurren dentro del entorno familiar o comunitario, y alertó sobre la alta reincidencia de agresores sexuales, lo que, a su juicio, evidencia que el sistema penal actual no cumple con su función preventiva.
En ese contexto, recordó que desde hace más de una década ha impulsado esta iniciativa legislativa, originalmente depositada junto al entonces diputado Jean Luis Rodríguez, con el objetivo de introducir la castración química o tratamiento hormonal voluntario como una medida de control de riesgo y protección social, y no como un castigo de venganza.
El senador explicó que esta medida se aplica en países con sistemas democráticos y jurídicos consolidados como Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Polonia, Corea del Sur y varios estados de Estados Unidos, y que estudios criminológicos respaldan su eficacia para reducir la reincidencia en agresores sexuales compulsivos.
Romero enfatizó que la propuesta no implica la extirpación de órganos, sino un tratamiento médico que inhibe el deseo sexual en personas condenadas por delitos graves contra menores. “Así como se trata cualquier otra enfermedad, este es un tratamiento para evitar que estos agresores sigan destruyendo vidas”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado directo a sus colegas senadores a asumir su responsabilidad histórica y a priorizar los derechos de la niñez por encima de los de los agresores. “Cada vez que un niño es violado o asesinado, también somos responsables como Estado”, concluyó.
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