La decisión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de intervenir ante las fumigaciones de parcelas y fincas arroceras próximas a centros educativos constituye una acción necesaria y largamente esperada. Se trata de un problema que atenta directamente contra la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo, y que por años ha sido tratado con indiferencia institucional.
Como primer paso para enfrentar esta situación, la ADP ha recurrido a los tribunales, sometiendo a la justicia a los propietarios de las fincas donde se aplican insecticidas en horarios lectivos, incluso durante el servicio del desayuno escolar. La exigencia es clara y razonable: que las fumigaciones se realicen a partir de las 4:00 de la tarde y los fines de semana, cuando los planteles se encuentren desocupados.
Los centros educativos más afectados se localizan en los distritos Antonio Guzmán Fernández (Aguayo) y Cenoví, donde cada jornada de fumigación expone a la comunidad escolar a sustancias altamente nocivas para la salud pulmonar. El daño no es aislado ni momentáneo; por el contrario, se agrava con cada nueva aplicación. En esta ocasión, las profesoras Yanilda y Ana Francisco figuran entre las más recientes víctimas de intoxicación, sumándose a una larga lista que evidencia la gravedad del problema.
Este conflicto socioeducativo no es nuevo. Se remonta a los años 2002 y 2003, lo que significa que durante más de dos décadas se han acumulado denuncias, reclamos y gestiones sin una solución definitiva. En ese tiempo, los dirigentes locales de la ADP han agotado diligencias ante los organismos correspondientes, logrando que los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, así como el Consejo Nacional de Educación, emitieran múltiples resoluciones para regular estas prácticas agrícolas. Sin embargo, la reiteración de los hechos demuestra que dichas disposiciones han sido ignoradas o aplicadas con una alarmante laxitud.
La educación y la salud no pueden seguir siendo variables secundarias frente a intereses productivos. Ninguna actividad económica justifica poner en riesgo la vida y el bienestar de quienes acuden a las aulas a enseñar y aprender.
EL JAYA espera, como lo espera toda la sociedad, que esta sea verdaderamente la última vez que se fumigue DURANTE EL HORARIO ESCOLAR en las inmediaciones de centros educativos de San Francisco de Macorís y de cualquier otra comunidad de la República Dominicana. La tolerancia se agotó.
Ahora corresponde hacer cumplir la ley.
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