SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, imputado de violar sexualmente a una mujer que acudió a realizarse una sonografía pélvica en su centro de salud, ubicado en el municipio Las Guáranas, provincia Duarte.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el hecho ocurrió el pasado 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima, una ciudadana haitiana, fue referida desde una policlínica del distrito municipal Los Limones, en Pimentel, para practicarse el estudio diagnóstico en el referido centro médico.
El órgano persecutor establece que, durante el procedimiento, el examen inició con normalidad, pero minutos después el imputado habría asumido una conducta inapropiada que culminó en la presunta agresión sexual.
Tras la denuncia verbal presentada de inmediato por la víctima ante la Policía Nacional, Wilver Armando Polanco Sanz fue arrestado ese mismo día, alrededor de las 10:45 de la mañana, mediante actuación de agentes policiales.
El Ministerio Público informó que, en el curso de la investigación, se han recabado evidencias que, según sostiene, corroboran la denuncia. Asimismo, indicó que durante las pesquisas fueron depurados los antecedentes del imputado, identificándose su presunta vinculación con otros hechos de naturaleza similar.
La institución atribuye al encartado el delito de violación sexual agravada, argumentando el abuso de autoridad derivado de la relación médico-paciente, posición que implica confianza y poder sobre la víctima. Además, señala como agravantes la condición de vulnerabilidad de la denunciante —extranjera en estatus migratorio irregular— y la alegada reiteración de conductas semejantes, lo que, a juicio del órgano acusador, evidenciaría un patrón delictivo.
El caso ha sido calificado jurídicamente como violación sexual y violencia contra la mujer, en presunta violación de los artículos 330, 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano.
La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Duarte, representada por la fiscal Sandra Sierra Difó, quien requirió la aplicación de la medida privativa de libertad contemplada en el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal, y que su cumplimiento se realice en la fortaleza de la provincia.
El conocimiento de la medida de coerción fue aplazado para el próximo 23 de febrero por la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte, con el fin de realizar una entrevista a la víctima mediante el sistema de Cámara Gesell.
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