Santo Domingo.– El Ministerio Público de Puerto Plata obtuvo una condena de 30 años de reclusión mayor contra Jorvi Apolinar Severino Genao, conocido como “El Guardia” y/o “Balola”, hallado culpable del asesinato del motoconchista Julio Alberto Núñez, así como de robo agravado y porte ilegal de arma de fuego, en un hecho ocurrido el 27 de diciembre de 2023 en esa provincia.
La sentencia fue dictada por un tribunal presidido por la jueza Venecia Rojas, que acogió en todas sus partes la acusación presentada por el Ministerio Público, representado en juicio por el fiscal Jesús Ernesto Valenzuela.
De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal Hilda Patricia Lagombra, el crimen se produjo alrededor de las 10:00 de la noche en las inmediaciones del Parque Central de Puerto Plata, donde la víctima laboraba como motoconchista. El hoy condenado abordó a Núñez en calidad de pasajero y solicitó ser trasladado hacia la urbanización Los Maestros.
Una vez en el destino indicado, Severino Genao exigió a la víctima que detuviera la motocicleta, la lanzó al suelo y le disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego, ocasionándole la muerte inmediata por heridas múltiples de proyectil en el tórax anterior, conforme al informe de autopsia judicial No. 703-2023 emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Tras cometer el homicidio, el imputado despojó a la víctima de su motocicleta, marca TVS, modelo Apache RTR 160, y emprendió la huida. En el proceso, realizó disparos contra dos ciudadanos que presenciaron el hecho, logrando herir a uno de ellos, en un intento por evitar ser identificado.
Durante el juicio, el órgano acusador demostró la violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el asesinato. Asimismo, el tribunal estableció la infracción de los artículos 66, 66 párrafo V, 67 y 78 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Las pruebas testimoniales, documentales y periciales presentadas fueron consideradas contundentes por el tribunal, que impuso la pena máxima de 30 años de reclusión mayor. La condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución efectiva del crimen y la protección de los derechos de las víctimas en la provincia de Puerto Plata.
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