Resulta preocupante y vergonzoso que jueces y personal administrativo del Poder Judicial tengan que recurrir a paros y manifestaciones para exigir derechos fundamentales y reivindicaciones que desde hace tiempo vienen reclamando. Quienes tienen la responsabilidad de garantizar la aplicación de la ley, proteger los derechos ciudadanos y sostener el sistema de justicia dominicano, hoy se ven obligados a levantar su voz para pedir condiciones más dignas dentro de la institución a la que sirven.
Dentro de sus principales exigencias se encuentran el aumento salarial, mejores condiciones laborales y la designación de más personal para enfrentar la enorme carga de trabajo que diariamente afecta tribunales y oficinas judiciales en todo el país. Estas demandas no deben verse como privilegios ni caprichos, sino como necesidades legítimas para el fortalecimiento del sistema judicial.
No puede existir una justicia eficiente cuando quienes la administran trabajan bajo presión constante, con exceso de expedientes, falta de recursos humanos y salarios que, en muchos casos, no corresponden al nivel de responsabilidad que implica ejercer funciones dentro del Poder Judicial. La sobrecarga laboral no solo afecta a jueces y empleados, sino también a los ciudadanos que esperan respuestas rápidas y procesos transparentes.
Un sistema judicial debilitado termina afectando la confianza de la población en las instituciones. Cada retraso, cada audiencia pospuesta y cada expediente acumulado representa una señal de alarma sobre la necesidad urgente de invertir en el fortalecimiento humano y estructural de la justicia dominicana.
Desde esta tribuna, expreso mi respaldo y solidaridad con los jueces y el personal administrativo de la provincia Duarte, quienes también enfrentan diariamente múltiples desafíos para poder cumplir con sus funciones de manera eficiente. Su lucha representa el sentir de muchos servidores judiciales del país que merecen ser escuchados y atendidos con responsabilidad.
La sociedad debe comprender que defender condiciones dignas para los servidores judiciales también es defender una justicia más eficiente, más humana y más accesible para todos. Ignorar estas demandas solo profundiza problemas que desde hace años vienen golpeando al sistema.
La justicia dominicana necesita reformas, apoyo institucional y voluntad política. Pero, sobre todo, necesita que quienes la sostienen día tras día reciban el respeto, la valoración y las condiciones que merecen.
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