Compartimos la preocupación de quienes entienden que los pacientes no deben verse afectados por diferencias entre los actores del sistema de salud. Ese debería ser siempre el objetivo común.
Sin embargo, para comprender lo ocurrido es indispensable conocer el contexto.
Durante años, las clínicas privadas han acudido a todas las vías institucionales disponibles: reuniones con la SISALRIL, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el Poder Ejecutivo y procesos de negociación directa con las ARS. El propósito ha sido siempre el mismo: establecer un mecanismo transparente y permanente para actualizar las tarifas que reciben los prestadores de servicios de salud.
El problema no es un porcentaje específico de aumento.
El problema es que, mientras el CNSS ha aprobado sucesivas indexaciones de la cápita que reciben las ARS, no existe una metodología pública, objetiva y verificable que garantice que esos incrementos se reflejen en las tarifas pagadas a las clínicas.
Al mismo tiempo, los costos de prestar servicios de salud continúan aumentando: salarios, medicamentos, insumos médicos, energía eléctrica, tecnología, mantenimiento de equipos e infraestructura. Sin un mecanismo de actualización, la brecha entre el costo real de la atención y las tarifas reconocidas se amplía cada año, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los prestadores.
Por eso, la discusión no debería limitarse a preguntar por qué las clínicas adoptan una medida de presión. La pregunta de mayor interés público es otra:
¿Qué ha ocurrido con las sucesivas indexaciones de la cápita aprobadas por el CNSS? ¿Cómo han sido distribuidos esos recursos y por qué los prestadores no perciben una actualización proporcional de sus tarifas?
Esa información debe ser pública y susceptible de una auditoría independiente.
ANDECLIP no está planteando eliminar la regulación del sistema. Todo lo contrario. Está solicitando mayor transparencia, reglas claras y un mecanismo permanente que evite precisamente que los conflictos tengan que resolverse mediante medidas extraordinarias.
Si existiera una metodología objetiva, conocida por todos y aplicada de forma uniforme para actualizar las tarifas, probablemente este conflicto no existiría.
El verdadero interés de los pacientes no consiste únicamente en evitar interrupciones temporales del servicio. También consiste en garantizar que existan clínicas financieramente sostenibles, capaces de seguir invirtiendo en personal, tecnología, infraestructura y calidad asistencial.
La sostenibilidad de los prestadores también forma parte del derecho a una atención de salud continua y de calidad.
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