La crisis en el suministro de agua potable que afecta a los sectores Altos de la Javiela, Villa Olímpica y diversas urbanizaciones de San Francisco de Macorís exige una respuesta inmediata de las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y de las autoridades municipales. Se trata de una problemática que, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de cientos de familias y forma parte de una realidad que también afecta a numerosas comunidades de la República Dominicana.
En un contexto marcado por las elevadas temperaturas que experimenta el país, garantizar un servicio eficiente de agua potable no es un privilegio, sino un derecho fundamental. La disponibilidad de este recurso resulta indispensable para la salud, la higiene y el bienestar de la población, especialmente cuando las prolongadas interrupciones del servicio eléctrico agravan aún más las dificultades que enfrentan los hogares.
Resulta preocupante que, mientras los ciudadanos padecen la escasez de agua, desde algunos sectores oficiales predominen los discursos y las promesas por encima de las soluciones concretas. La población espera una gestión pública comprometida con resolver los problemas cotidianos y no una administración que permanezca indiferente ante una situación que afecta la calidad de vida de miles de personas.
La falta de agua también representa un duro golpe para la economía familiar. Ante la ausencia del servicio, muchas familias se ven obligadas a comprar camiones cisterna para abastecer sus hogares, con costos que rondan los RD$2,000 o incluso superan esa cifra. Este gasto extraordinario incrementa la carga económica de ciudadanos que ya enfrentan el alto costo de la vida y otras dificultades derivadas de la situación económica nacional.
Como ciudadano comprometido con el desarrollo de San Francisco de Macorís, siempre he sostenido que la solución definitiva a esta problemática debe trascender las medidas coyunturales. Desde hace años he propuesto la construcción de una obra de Estado consistente en el represamiento del río Boba, una iniciativa estratégica que permitiría al municipio reducir su dependencia de la presa de Rincón y garantizar un suministro más estable y sostenible. Además de fortalecer la seguridad hídrica de la provincia, las aguas del río Boba ofrecerían un recurso de mejor calidad para el consumo humano, constituyendo una inversión de alto impacto para las presentes y futuras generaciones.
No es aceptable que, en pleno siglo XXI, San Francisco de Macorís continúe enfrentando deficiencias tan marcadas en un servicio esencial como el agua potable. El acceso al agua constituye un derecho humano indispensable para una vida digna y, por tanto, debe ser garantizado de manera continua, eficiente y equitativa para toda la población.
Es momento de que INAPA presente una explicación clara sobre las causas de esta situación y, sobre todo, un plan de acción con soluciones concretas y plazos definidos. Asimismo, las autoridades municipales, los legisladores y el Gobierno Central deben asumir el compromiso de impulsar una solución estructural que garantice el abastecimiento de agua para las próximas décadas. El represamiento del río Boba debe ser considerado una prioridad dentro de la planificación del desarrollo de la provincia Duarte.
La ciudadanía no reclama privilegios; exige el cumplimiento de un derecho básico. Garantizar agua potable de calidad y de forma permanente no puede seguir siendo una promesa, sino una responsabilidad ineludible del Estado dominicano. Las grandes ciudades se construyen con grandes obras, y San Francisco de Macorís merece una infraestructura hídrica que responda a las necesidades de su crecimiento y de su gente.
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