La política que estamos perdiendo

La política tiene mala fama en nuestro país, y no siempre sin razones. Decir que alguien “se metió en política” despierta con frecuencia más sospecha que admiración. La asociamos con promesas incumplidas, clientelismo, privilegios, luchas partidarias, búsqueda de posiciones y utilización de los bienes del Estado. Hemos repetido tantas veces que la política es sucia que nos olvidamos de preguntar: ¿es la política lo que está sucio o aquello en que la hemos convertido?

Para los griegos, la política remitía a la polis, la ciudad-Estado, a la vida compartida y a la organización de los asuntos comunes. Aristóteles le otorgó un lugar privilegiado entre los saberes prácticos porque su finalidad trascendía el interés individual y se orientaba hacia el bien de la comunidad. En su Política sostuvo, además, que el ser humano es por naturaleza un ser político: nuestra realización no acontece en el aislamiento, sino en convivencia con los demás.

Desde esa perspectiva, hacer política no consiste simplemente en conquistar el poder; significa deliberar sobre la sociedad que queremos, armonizar intereses legítimamente distintos y crear condiciones para una vida digna. Su degradación comienza cuando el poder deja de entenderse como responsabilidad y empieza a asumirse como propiedad.

De ahí la necesidad de distinguir política, que procura ciudadanos, y politiquería, que prefiere seguidores. La realidad dominicana obliga a mirar seriamente esa diferencia, pues la popularidad parece haberse convertido, en ocasiones, en una nueva credencial para aspirar a gobernar. Empresarios, comunicadores, artistas, deportistas o figuras de las redes sociales tienen, como cualquier ciudadano, pleno derecho a participar en política. El problema comienza cuando confundimos popularidad con preparación y capacidad para movilizar emociones con capacidad para gobernar.

Platón ya había planteado, desde una concepción muy distinta de nuestras democracias, que gobernar exigía formación, conocimiento y virtud. Su ideal del filósofo-gobernante puede parecernos lejano, pero conserva una provocación vigente: la popularidad puede otorgar votos; no necesariamente otorga preparación, prudencia ni criterio para gobernar.

Ciertamente, ser un excelente empresario no convierte automáticamente a nadie en buen servidor público; dominar una audiencia no equivale a comprender el Estado, y acumular seguidores no garantiza conocimiento de las instituciones ni de la complejidad social de una nación. Pero tampoco los títulos académicos garantizan por sí solos la capacidad de gobernar; la cuestión no está en de dónde se viene ni únicamente en cuánto se sabe, sino en la preparación, la prudencia, la concepción ética y el sentido del bien común con que se asume el servicio público.

En esa degradación, los partidos tienen también una responsabilidad fundamental cuando dejan de ser escuelas de ciudadanía, pensamiento y liderazgo para convertirse en maquinarias electorales, terminan buscando no siempre a quien está mejor preparado para servir, sino a quien tiene mayores posibilidades de ganar. La formación cede ante las encuestas; las ideas, ante la imagen; la trayectoria, ante la notoriedad. La democracia corre entonces el riesgo de convertirse en espectáculo y el ciudadano, en espectador.

La Doctrina Social de la Iglesia coincide con esta concepción. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que “la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política” (n. 384), mientras el papa Francisco, en Fratelli tutti (n. 180), presenta la política orientada al bien común como “una de las formas más preciosas de la caridad”.

Resulta paradójico entonces llamar “sucia” a una actividad cuya razón de ser es precisamente el bien común. Tal vez lo sucio no sea la política, sino aquello en que la convertimos cuando el poder deja de ser servicio, compromiso, responsabilidad, y se transforma en privilegio, oportunidad, medio.

Necesitamos recuperar la política, no la del eslogan vacío, el favor convertido en deuda electoral o la popularidad transformada apresuradamente en candidatura. Gobernar exige algo más que ganar elecciones: requiere conocimiento, prudencia, capacidad de diálogo, comprensión institucional y conciencia ética. Quien gobierna recibe temporalmente una autoridad que debe ejercer al servicio de todos, incluso de quienes piensan diferente.

La política, en su sentido más noble, es el difícil arte de construir una sociedad donde pueda vivir dignamente incluso quien nunca votará por nosotros. En eso reside la grandeza que Aristóteles reconoció en ella: no en el poder que concede, sino en el bien que permite realizar.

Pero la recuperación de la política no depende únicamente de quienes aspiran a gobernar. En una democracia madura, el mayor temor no debería ser quién decide aspirar al poder, sino qué tan preparados están los ciudadanos para decidir a quién confiarlo. Cualquiera puede aspirar; corresponde a una ciudadanía consciente distinguir entre popularidad y capacidad, entre propaganda y proyecto, entre ambición de poder y vocación de servicio. Cuando ese discernimiento se debilita, el voto puede convertir la improvisación en autoridad y poner en riesgo, en pocos años, conquistas que una sociedad tardó generaciones en construir.

Por eso, formar políticamente al ciudadano no es un asunto secundario: es una de las principales defensas de la democracia. Una sociedad políticamente educada también puede equivocarse, pero será menos vulnerable al ruido, al fanatismo y al populismo. Al final, la democracia no se protege impidiendo que cualquiera aspire, sino formando ciudadanos capaces de discernir a quién merece la pena confiarle el poder.

Formar ciudadanos capaces de pensar, elegir y exigir es comenzar a recuperar la política que estamos perdiendo.