En mi primer artículo narré que en la pasada asamblea general ordinaria del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), realizada en el paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el pasado sábado 5 de septiembre del 2026, el representante de la empresa E. W. Consulting, Waldy Alexander Sosa Flores, ofreció los resultados de una auditoría que realizó esa firma a la llegada de la nueva directiva del gremio.
Durante sus explicaciones, el señor Sosa Flores dijo que para realizar la auditoría tuvieron muchos problemas porque el sistema contable del CDP prácticamente es inservible y los datos fueron escasos, por lo que tuvieron que ingeniársela para conseguir las informaciones que necesitaban.
Sobre ese aspecto quiero decir, que la falta de controles financieros, el manejo personal de los recursos por la mayoría de los presidentes del CDP y del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), la ausencia de los tesoreros y el descuido de sus funciones han permitido por lo menos dos casos, uno de robo y otro de desvíos de fondos en esta última institución.
El primero se produjo en el 1993, cuando el entonces tesorero del IPPP, Víctor Sepúlveda sustrajo de esa institución más de un millón de pesos. Por el caso fue sometido a la justicia y condenado en contumacia a diez años de prisión, en la Primera Cámara Penal, que dirigía en esa época la magistrada Miriam Germán.
Sepúlveda huyó hacia Miami, en los Estados Unidos y nunca fue apresado, ni fue a la cárcel a cumplir su condena.
El otro caso, fue en el 2013, cuando el presidente del IPPP, Domingo Batista informó en una asamblea, por las presiones que se le hacían, que esa institución tenía problemas para devolver parte de un millón 450 mil pesos que habían depositado supuestamente en esa entidad, más de 20 periodistas como depósitos para adquirir apartamentos ofrecidos por esa entidad, en un proyecto habitacional.
Batista atribuyó el problema a que supuestamente él había entregado una parte importante de ese dinero a dos ingenieros encargados de la obra, principalmente, para la remoción de tierras, nivelación de terrenos e inició de construcción de los apartamentos.
La Asamblea, escogió una comisión integrada por mí, como presidente, Mercedes Castillo y el profesor Ramón Diloné. Yo, dirigí la investigación y en un principio creí que se trataba de una estafa o engaño de los ingenieros al IPPP.
Cuando fui al IPPP pedí la relación de todos los depósitos realizados por los periodistas, el acuerdo de construcción de los apartamentos, la resolución de la aprobación del mismo por parte del Consejo de Administración y una relación de todos los gastos.
¡Pero, oh! Sorpresa, me encontré que ni un centavo del millón 450 mil pesos había entrado a la cuenta del IPPP, sino que ese dinero lo manejó de forma personal Batista, que existían pocas informaciones con relación a los gastos, y lo peor, en casi seis años, que llevaba en el cargo Batista, no se había producido ninguna resolución del Consejo de Administración.
También, comprobé que la tesorera Jacqueline Lamarche no sabía lo que estaba pasando con las finanzas del IPPP, porque iba muy poco y cuando lo hacía era para firmar algún cheque de manera rápida, sin investigar nada.
En conclusión, tuve que ir a bancos comerciales, la comisión entrevistó a uno de los ingenieros y cuestionamos a varios de los periodistas afectados. Así pudimos elaborar un expediente de 112 páginas. En conclusión, todo lo dicho por Batista era falso, parte del dinero lo gastó Batista sin saberse en qué, no se depositaron en las cuentas del IPPP, afortunadamente se pudo recuperar parte del dinero y devuelto a los periodistas, pero, el IPPP perdió 650 mil pesos.
Por ese hecho, apoderamos al Tribunal Disciplinario, integrado por Vicente Estrella, presidente; Belkis Feliz, secretaria; Elpidio Tolentino, miembro y Buenaventura Jiménez, vocal. El fiscal fue el periodista y abogado Daniel Moreno Cárdenas, y yo fue el principal acusador.
Por el hecho, a duras bregas, porque algunos, entre ellos uno de los tres miembros de la Comisión encubría a Batista, el Tribunal Disciplinario del CDP emitió una condena, aunque leve, en contra del acusado, siendo la primera y única vez, que ese organismo casi inservible de nuestro gremio, pronuncia una sentencia.
Pese a esos hechos, el CDP y el IPPP han seguido operando igual, sin producir controles financieros en casi todas las gestiones. No sé si en esta se han producido mejorías. Hay que resaltar que las empleadas que llevan la contabilidad creo que son honestas, porque si no lo fueran, todos los días hubiese un robo o un desfalco, por la incapacidad de sus dirigentes de manejar con rigurosidad las finanzas.
También, debo decir, con el perdón de todos, que en la única gestión del IPPP, que hubo total control financiero fue en la que presidí en el período 2005-2007, donde por primera y única vez, el Consejo de Administración nombró una auditora externa, que auditaba todos los movimientos financieros de esa institución. Pero, lamentable fue despedida en la gestión siguiente.
Igualmente, quiero resaltar que el tesorero de mi gestión, el periodista y escritor Rafael Peralta Romero, ha sido el único que ha ejercido esa función, dedicándole tiempo. Probablemente haya sido el único que se ha preocupa por todos los movimientos financieros, y no firmaba un cheque si no era aprobado por el Consejo de Administración y tuviera todos sus soportes.
Escribo este artículo, no para acusar a nadie, sino como una advertencia para los que dirigen nuestras instituciones periodísticas, que las mismas son entidades colegiadas, no personales, que todo debe ser aprobado por la directiva del CDP o por el Consejo de Administración del IPPP y que debe constar en las resoluciones, que deben tener una auditora externa, como forma de vigilancia de las financias y la prevención de distracción de fondos, y que sus tesoreros deben ser custodios de las finanzas y no turistas ocasionales de nuestras instituciones.
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