El Ministerio Público arrestó a 28 personas durante 37 allanamientos y amplió hacia médicos, ex empleados y prestadores de servicios de salud la investigación por el presunto fraude contra Senasa.
SANTO DOMINGO. – Una nueva fase de la investigación del Ministerio Público por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) amplió el expediente más allá de antiguos funcionarios de la aseguradora y colocó bajo investigación a médicos, ex empleados y otros prestadores de servicios de salud.
Como parte de la denominada Operación Cobra 2.0-A, el órgano acusador informó el arresto de 28 personas durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta nueva etapa procura establecer la presunta participación de profesionales y prestadores de salud en maniobras que habrían provocado pérdidas de miles de millones de pesos a la administradora estatal de riesgos de salud.
De funcionarios a prestadores de salud
La primera fase de la Operación Cobra estuvo concentrada principalmente en exfuncionarios y personas vinculadas a la administración de Senasa, incluyendo al exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público dentro de la estructura investigada.
La nueva etapa amplía el foco hacia médicos y otros prestadores que, según la investigación, habrían participado directamente en operaciones destinadas a obtener recursos de la aseguradora pública de manera irregular.
El Ministerio Público sostiene que las presuntas maniobras afectaron recursos destinados a afiliados de Senasa, incluyendo personas pertenecientes a sectores vulnerables.
Mecanismos bajo investigación
Entre los mecanismos descritos por el órgano acusador figuran supuestos sobornos, doble facturación, adulteración de estados financieros, cobros por servicios no prestados y utilización de documentos falsos.
La investigación también procura determinar si determinados programas y procedimientos administrativos habrían sido utilizados para desviar recursos públicos mediante operaciones fraudulentas.
Las autoridades atribuyen a la estructura investigada una presunta coordinación entre personas vinculadas a la dirección de Senasa y determinados prestadores de servicios médicos.
Operación Onco14
Una de las ramificaciones relacionadas con las investigaciones sobre recursos de Senasa es la Operación Onco14, puesta en marcha en junio y vinculada al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
En ese expediente, el Ministerio Público atribuye a los imputados diversas prácticas de presunto fraude clínico y farmacéutico en perjuicio de Senasa, el Estado y pacientes oncológicos.
Entre las irregularidades descritas por los fiscales se encuentran supuestos cambios de indicaciones médicas, utilización de sellos falsos, doble facturación y cobros relacionados con medicamentos o servicios que presuntamente no fueron suministrados en su totalidad.
El Ministerio Público también investiga denuncias sobre utilización irregular de medicamentos, operaciones administrativas y financieras y otras prácticas que, según la acusación, habrían servido para distraer recursos destinados a pacientes.
Fundaciones, beneficios y otros gastos
Dentro del expediente Onco14, los fiscales también investigan la utilización de entidades vinculadas a algunos de los procesados para presuntamente canalizar fondos y efectuar cobros.
La acusación menciona supuestas autoasignaciones de salarios, viáticos, gastos de representación y reembolsos de viajes y hoteles que el Ministerio Público considera parte de las operaciones bajo investigación.
Cirugías estéticas y manejo de archivos
En el caso Onco14, el Ministerio Público también ha señalado que determinadas áreas del centro oncológico habrían sido utilizadas para realizar cirugías estéticas, mientras continúa investigando otros hechos relacionados con archivos, sistemas informáticos y presunto lavado de activos.
En la Operación Cobra 2.0-A las autoridades informaron además la ocupación de bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego, aunque inicialmente no detallaron el valor total de lo incautado.
Investigación permanece abierta
El Ministerio Público sostiene que las actuaciones investigadas habrían provocado pérdidas por miles de millones de pesos al Estado dominicano y afectado directamente a afiliados de Senasa.
Entre las infracciones atribuidas por el órgano acusador en las distintas fases del expediente figuran presuntos delitos de asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otros.
Las imputaciones forman parte de una investigación penal en curso, por lo que corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades individuales de las personas señaladas en los diferentes expedientes.
Fuente: Procuraduría General de la República / Ministerio Público.
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