El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO), expresó su preocupación ante el anuncio de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANADEGAS) de desconectar, a partir del próximo 25 de septiembre, los dispositivos de pago electrónico en sus estaciones afiliadas, como parte de su reclamo por los costos asociados a las transacciones con tarjetas de crédito y débito.
ONPECO considera que el conflicto requiere una solución urgente que tome en cuenta las preocupaciones de los detallistas de combustibles, pero que evite trasladar las consecuencias de la controversia a los consumidores.
ANADEGAS sostiene que las comisiones cobradas por las transacciones electrónicas representan una proporción importante del margen bruto que reciben las estaciones por cada galón vendido. El gremio ha señalado que algunas estaciones pagan comisiones de entre 1.95% y 3% sobre el valor de las transacciones.
La entidad reconoció el derecho de los comerciantes a reclamar condiciones razonables para desarrollar sus actividades, pero entiende que eliminar una modalidad de pago ampliamente utilizada puede ocasionar serias dificultades a miles de ciudadanos.
“En las actuales condiciones de inseguridad que vive el país, obligar a los consumidores a disponer de dinero en efectivo para comprar combustibles constituye, además, un riesgo innecesario. Una persona que acude a una estación no debería verse obligada a portar mayores cantidades de efectivo cuando dispone de medios electrónicos de pago más seguros”, significó.
Precisó que el problema no afectaría solamente al consumidor, pues el incremento de las operaciones en efectivo también puede aumentar la exposición de las propias estaciones de combustibles y de sus empleados, al concentrar mayores cantidades de dinero en los establecimientos.
ONPECO señala que los medios electrónicos de pago han contribuido precisamente a reducir la necesidad de portar efectivo y constituyen una herramienta importante de seguridad para consumidores y comercios y que retroceder en su utilización, en medio de la preocupación existente por la delincuencia, sería una consecuencia indeseable de un conflicto que debe resolverse entre los actores involucrados.
Estima necesario revisar el esquema de comisiones y procurar una solución equilibrada entre las entidades financieras, los proveedores de servicios de pago y los detallistas de combustibles.
ONPECO entiende también que en este diálogo deben participar las autoridades monetarias y financieras competentes, de manera que pueda evaluarse integralmente el funcionamiento y los costos de los medios electrónicos de pago.
Puntualizó que la expansión de los pagos electrónicos favorece la seguridad, la formalización de las operaciones y la bancarización y que si existen costos que resultan excesivos para determinados sectores comerciales, corresponde revisarlos y buscar mecanismos razonables para reducirlos, pero la respuesta no debe consistir en limitar las opciones del consumidor.
Por esa razón, ONPECO hizo un llamado a las partes involucradas a mantener abierto el diálogo y alcanzar una solución antes del 25 de septiembre.
Los comerciantes tienen derecho a reclamar condiciones sostenibles para sus negocios, pero los consumidores también tienen derecho a utilizar medios de pago seguros, modernos y accesibles.
Sostiene además que en momentos en que la seguridad constituye una preocupación cotidiana de las familias dominicanas, obligar al ciudadano a volver al efectivo no puede ser la solución.
El consumidor no debe pagar, ni económica ni personalmente, el costo de la falta de acuerdo entre los distintos actores del sistema de pagos.
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