En el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones ha de abandonar la carrera porque ya está prevaricando. “Baltasar Garzón”
La recomposición de la Suprema Corte de Justicia, realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (en lo adelante, CNM) el 2 de noviembre de 2026, nos compele a reflexionar acerca de la legitimidad de los jueces y cómo se consolida su independencia frente al poder político, los intereses particulares y la propia sociedad Para ello es Bueno volver la mirada a la crisis política de 1994.
De la crisis política de 1994 al Pacto por la Democracia y la reforma judicial.
Antes de la reforma constitucional de aquel año, los jueces eran elegidos por el Senado por períodos de cuatro años. Las mayorías políticas decidían la integración de los tribunales, y la permanencia de un juez podía depender más de sus relaciones partidarias que de sus méritos.
Las elecciones presidenciales y congresuales del 16 de mayo de 1994 desencadenaron una profunda crisis institucional, originada por graves irregularidades y denuncias de fraude en perjuicio de la candidatura presidencial del extinto lider el fenecido doctor José Francisco Peña Gómez. Joaquín Balaguer fue proclamado presidente, aunque su período recortado a la mitad (1994-1996). Si bien no se estableció oficialmente un resultado alternativo, la confianza en las instituciones democráticas quedó gravemente herida.
Peña Gómez desempeñó entonces un papel estelar en la búsqueda de una salida que preservara la paz social: no aceptó la propuesta del doctor Balaguer conocida como el famoso dos y dos (Peña, tú gobiernas dos años y yo dos). De esa negociación nació el Pacto por la Democracia, suscrito el 10 de agosto de 1994, que abrió las puertas a la reforma constitucional que creó el CNM (artículo 64 de la Constitución de ese año): el primer paso para separar la judicatura de la designación partidaria. Paradójicamente, de una crisis de legitimidad democrática surgieron las bases para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial.
Los cimientos de la carrera judicial
En agosto de 1997, el CNM escogió una nueva Suprema Corte, presidida por el jurista Jorge A. Subero Isa. No desaparecieron de golpe las influencias políticas, pero comenzó una etapa de reorganización, modernización y profesionalización. La Ley núm. 327-98, de Carrera Judicial, y la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura en 1998 abrieron el camino a los concursos de oposición, la formación especializada y la evaluación del desempeño.
Es bueno significar que la carrera judicial no es sinónimo de vitalicidad ni constituye un privilegio personal. Es una garantía institucional para que la permanencia y la promoción de los jueces respondan a reglas objetivas.
La Constitución de 2010 consolidó ese proceso. Su artículo 150 consagró el mérito, la capacidad y la profesionalidad como principios de la carrera judicial, y el 180 dispuso que las tres cuartas partes de los jueces de la Suprema provinieran de ella. Le siguieron las leyes orgánicas núm. 28-11, del Consejo del Poder Judicial, y núm. 138-11, del CNM. Más tarde, la reforma constitucional de 2024, desarrollada por la Ley núm. 1-25, incorporó al CNM al presidente del Tribunal Constitucional.
Justiniano Montero: una trayectoria desde los tribunales
En este contexto adquiere particular significado la elección, por unanimidad, de Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Su carrera comenzó en diciembre de 1998 como juez de paz del Distrito Nacional; transitó por la primera instancia y las cortes de apelación, fue director de la Carrera Judicial y llegó a la Suprema en 2019. Cinco de los seis nuevos jueces escogidos en noviembre provienen también de la carrera judicial.
Lo conozco de cerca: fue mi profesor de grado y de posgrado, y de sus aulas guardo el recuerdo de una disciplina de acero, de su determinación y de su rigor académico.
Si bien es cierto que el protagonismo de las trayectorias judiciales merece reconocimiento, no menos cierto es que la independencia de un órgano colegiado no se mide solo por el perfil de sus integrantes, sino por la transparencia de su selección y por su actuación futura. La legitimidad de origen es una condición necesaria, pero no suficiente.
La legitimidad como fundamento de la confianza ciudadana
Colijo que la legitimidad judicial tiene tres dimensiones: la de origen, que deriva de la constitucionalidad del nombramiento; la de ejercicio, que se expresa en la independencia, la imparcialidad y la integridad, y la social, vinculada a la confianza pública en el sistema de justicia. Esta última no consiste en complacer a quien pierde un pleito, sino en dar a todo ciudadano la certeza de que será escuchado mediante un proceso justo.
Los artículos 7, 8 y 38 de nuestra Constitución reconocen el Estado social y democrático de derecho, la protección efectiva de los derechos fundamentales y el carácter sagrado, innato e inviolable de la dignidad humana. En consecuencia, la independencia judicial no es un privilegio de quienes visten la toga, sino una garantía de quienes acuden a los tribunales.
Desde la crisis de 1994 hasta la recomposición de 2026, nuestra historia demuestra que las reformas constitucionales pueden crear las condiciones de la independencia, pero corresponde a los jueces hacerlas realidad en cada sentencia. Por consiguiente, el nombramiento no cierra el debate: apenas lo abre.
En la segunda entrega, titulada: La imparcialidad, la integridad y la confianza ciudadana como fundamentos de la legitimidad del juez, abordaremos la independencia y la imparcialidad como garantías del justiciable; el mensaje de Justiniano Montero sobre la carrera judicial y su compromiso contra la corrupción; la participación femenina en los tribunales, donde las mujeres son mayoría en la judicatura pero minoría en la Suprema Corte; y la dimensión humana que existe detrás de cada toga.
*El autor es abogado, diplomático y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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